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Durante los últimos meses, la conflictividad social relacionada a la minería ha registrado un crecimiento constante, superando los 220 casos. Esta cifra marca el índice más elevado en los últimos siete años.
Según el informe Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), presentado por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz, apuntó que estos conflictos responden a la categoría de socioambiental (más del 60%) y de este tipo de conflictos, el 67% están vinculados con la minería.
En esa línea, el incremento de los conflictos se debe principalmente al aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre último. “Al revisarlo por macro región, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, dijo José De Echave, investigador de CooperAcción.
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Asimismo, el informe detalla que algunos conflictos pasaron de condición de latentes a activos, como el de Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, el caso de Huanta en Ayacucho por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).
De acuerdo al informe, se advierte que la minería ilegal se ha expandido peligrosamente a las fronteras. Así, en el caso de Ecuador, en la zona de la Cordillera del Cóndor y a lo largo del río Cenepa; y en la frontera con Colombia, en el río Putumayo, donde comunidades indígenas de la zona vienen siendo afectadas por las crecientes actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en la zona del Alto Putumuayo.
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Minería ilegal
La expansión de la minería ilegal e informal en Perú ha crecido notablemente en los últimos 15 años, impulsada por el incremento de precios en el sector, particularmente en el oro, alcanzando hasta US$ 1,890 por onza. Esta actividad ha acumulado un poder económico significativo, controlando territorios y ejerciendo influencia política, incluso a nivel gubernamental, señaló De Echave.
Según estimaciones de CooperAcción, basadas en datos oficiales, la minería ilegal e informal ocupa aproximadamente 25 millones de hectáreas a nivel nacional, superando en extensión a las concesiones mineras formales que cubren cerca de 20 millones de hectáreas. Esta presencia se extiende por la mayoría de los departamentos, afectando prácticamente todo el país.
El investigador destaca que, mientras la minería formal emplea alrededor de 220 mil trabajadores, la informal duplica esta cifra, alcanzando aproximadamente 400 mil empleados. Este gran número de trabajadores informales confiere al sector un atractivo electoral y una influencia considerable en el ámbito político. También señaló que la minería informal, anteriormente centrada en metales preciosos como el oro, se ha diversificado hacia la extracción de metales base como el cobre y otros productos no metálicos.
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Según Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, uno de los factores que ha impulsado la expansión de la minería ilegal es la ausencia del Estado, agravada durante la pandemia. La crisis sanitaria no solo ha implicado un retroceso y retirada del Estado en términos generales, sino que también ha exacerbado la vulnerabilidad de ciertas regiones frente a la minería ilegal, donde la presencia gubernamental es mínima.
“Es fundamental controlar toda la cadena de suministro, desde los mineros hasta quienes les facilitan los instrumentos para su actividad ilegal”, comentó Leyva.
Para Mirtha Villanueva, directora de Grufides, es esencial fortalecer las organizaciones sociales de base para enfrentar la expansión de la minería ilegal e informal. Destacó que las mujeres y niños son los más afectados por esta actividad ilícita.
Además, se plantea un escenario de déficit hídrico en Perú. El Ejecutivo ha declarado emergencia por 60 días en 544 distritos de 14 departamentos por el riesgo de escasez de agua. En 2023, según el Banco Mundial, Lima ha registrado su menor volumen de almacenamiento de agua en cinco años, con apenas 180 m3 per cápita en comparación con el promedio regional de 2500 m3 per cápita.
Ana Leyva cuestiona el apoyo gubernamental a la mina Ariana, a pesar de la declaración de emergencia por déficit hídrico. Señala que esta mina, ubicada en una zona productora de agua vital para Lima y Callao, pondría en riesgo el suministro de agua potable para casi 11 millones de personas. Este proyecto afectaría las lagunas y la infraestructura hídrica del Sistema Marcapomacocha, esencial para el abastecimiento hídrico de la región.
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