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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huanta, en Ayacucho, advirtió que muchos docentes sancionados por violencia o acoso a estudiantes continúan laborando en instituciones educativas de esta provincia, debido a que no fueron registrados oportunamente en los portales del Ministerio de Educación. Por esta razón continúan prestando sus servicios en otra UGEL, sin haber cumplido la sanción correspondiente.
Ante esta situación, Richard Olivera, coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta, demandó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de esta provincia que actualice y registre con urgencia la información de los procesos administrativos disciplinarios contra docentes sancionados por violencia y acoso sexual en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (Simex), y así impedir que estos sigan laborando en las instituciones educativas.
Según la Defensoría, no existe ningún caso de sanción en esta UGEL que haya sido registrado o tenga carácter de consentido en el denominado Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles.
“Muchos docentes sancionados por violencia o acoso a estudiantes continúan laborando en instituciones educativas, debido a que no fueron registrados oportunamente en los portales del Ministerio de Educación. Esto permite que continúen prestando sus servicios en otra UGEL, sin haber cumplido la sanción correspondiente”, sostuvo Olivera.
Urge procesar 300 expedientes
El funcionario agregó que esta situación vulnera el derecho de los estudiantes a recibir una educación libre de violencia y a desarrollarse en un entorno que respete su integridad: “Es por ello que urge que la entidad procese los 300 expedientes acumulados que están pendientes del 2015 a la fecha”.
Esta advertencia se realizó tras una supervisión a la UGEL Huanta, en presencia de su director y los miembros de la comisión de procesos administrativos disciplinarios, así como de representes del órgano de control institucional de la Fiscalía de Prevención del Delito y del Gobierno Regional de Ayacucho.
La Defensoría informó que la recomendación fue acogida por el director de la UGEL Huanta, quien ordenó que en el más breve plazo se actualicen los datos en el sistema la información correspondiente y se evite que los expedientes administrativos prescriban ante su inactividad.
“Cabe señalar que desde la Defensoría del Pueblo daremos seguimiento al cumplimiento de nuestra recomendación”, indicó en una nota de prensa.
El funcionario explicó que los datos actualizados facilitan que toda persona pueda verificar el historial de los docentes y el personal administrativo de las instituciones educativas en los sistemas implementados por el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Servicio Civil para consignar las sanciones disciplinarias en el sector educación.
