Mucho ruido y pocas nueces

Mucho se discutió el año pasado sobre la “reforma tributaria” que el Poder Ejecutivo pretendía llevar a cabo, vía delegación de facultades solicitadas al Congreso.

Luego de un arduo debate público, mediante la Ley 31380, el Congreso decidió restringir el pedido a aquellos ajustes de carácter técnico y otras modificaciones cuya razonabilidad fue, por lo menos, medianamente sustentada. Con acierto se dejaron de lado aquellos cambios que iban a conllevar una grave afectación a la competitividad del país y a la economía de la clase media, como es el caso de la mayor carga fiscal para el sector minero y el incremento de impuestos a las personas naturales. Así se puso freno a la improvisación y a la demagogia.

Las primeras normas derivadas de la delegación de facultades se han publicado al cierre del año pasado. Son cambios técnicos al Código Tributario, ajustes a la Ley de Tributación Municipal, prórroga de exoneraciones del IGV que vencían en el 2021 y la extensión del régimen tributario especial del agro a los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre.

Se ha publicado también una modificación al Reglamento del Impuesto a la Renta para precisar la fórmula que se utiliza para calcular el límite de los intereses deducibles (regla del 30% del ebitda), aclarándose que no puede haber una “renta neta negativa” (lo que de suyo es contradictorio) cuando se arrastran pérdidas, de modo que siempre podrán deducirse los intereses financieros, por lo menos, en un monto equivalente a las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio.

Queda no obstante mucho trabajo por hacer, no necesariamente normativo porque leyes tenemos para regalar. Se trata de modificaciones que tienen que ver con el desempeño de nuestras instituciones tributarias. Es prioritario mejorar sustancialmente la eficiencia en la recaudación tributaria, la lucha contra la evasión y elusión fiscales, reducir la informalidad, fortalecer la autonomía e independencia de la Sunat y del Tribunal Fiscal. En el caso de este último, se necesitan grandes cambios que garanticen al contribuyente la objetividad de sus decisiones y una mayor celeridad en la resolución de las causas, para lo cual es esencial, una profunda reorganización de este órgano.

Empecemos este 2022 queriendo ser optimistas. Con la esperanza que arribe la prudencia y la responsabilidad para conducir el destino del país. Que todos los errores o intentos de cometerlos hayan sido debidamente sopesados, que haya espíritu de enmienda, así no haya nueces que comer! ¡Es preferible un año nuevo con paz fiscal y con la esperanza de que los ingresos tributarios se incrementen, pero sobre la base de un real crecimiento económico y que los recursos captados se inviertan eficientemente para el bien de todos los peruanos!