Un único camino: la digitalización

La salud, el acceso a la educación, el desempleo y la situación de las micro y pequeñas empresas fueron los temas más expuestos en los medios de comunicación y los debates de diversos sectores y actores. La inmovilización nacional generó estragos en muchos ámbitos donde la digitalización no pudo llegar, pero también dio paso a nuevos aprendizajes al sustituir la presencialidad de forma parcial o total por la virtualidad, lo que conocemos hoy como “nueva normalidad”. Esta “digitalización express”, en los momentos más críticos, le dio continuidad al funcionamiento del Estado, a la actividad productiva y a una desigual educación a distancia.

Esta coyuntura evidenció que quien estuviera bien conectado a Internet y supiera usar la tecnología, tendría mayores posibilidades de seguir estudiando, trabajando o comercializando sus productos. En los momentos más críticos del pasado año, la población económicamente activa se redujo 36.1% (IPE), el PBI cayó más de 30% (IPE) y el número de MYPEs disminuyó en casi 50% (Comex).

Con el objetivo de comprender la situación de la región a nivel de infraestructura de telecomunicaciones y conocer el impacto de acelerar su desarrollo de forma sostenible, American Tower comisionó un estudio a la consultora SMC+, dirigida por el exjefe de la GSMA, Sebastián Cabello, que analiza las necesidades de inversión y despliegue de infraestructura en América Latina, para poder atender el crecimiento exponencial de la demanda de Internet, producto de un vertiginoso proceso de digitalización.

En materia de infraestructura, el informe señala que hacia 2030 la región requiere cuadruplicar la cantidad de sitios de telecomunicaciones existentes, lo que significa la instalación de al menos 550,000 antenas para cubrir la demanda de conectividad. Estos sitios, producto del venidero desarrollo del 5G serán principalmente pequeñas celdas (mejor conocidas como small cells) y también macro sitios, donde convivirán distintas tecnologías (las ya rezagadas 2G y 3G y las de última generación 4G y 5G). Lo anterior implica una inversión estimada de US$ 17,000 millones sólo en infraestructura pasiva, a lo que hay que sumarle el equipamiento activo, el espectro y otros costos de operación, que podrían significar unos US$ 50,000 millones adicionales según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Según el informe, en Perú se necesitan por lo menos 59,000 nuevos sitios de telecomunicaciones para el 2030 y una inversión de US$ 2,000 millones, lo que representa 13.2% del total de la inversión calculada para la región por este concepto.

Con una demanda de datos cada vez mayor, se determina que en la región cada dispositivo móvil pasará de consumir anualmente, en promedio, de 5.9 GB en 2020 a 30 GB en 2026, lo que sin duda traerá muchos cambios en la dinámica del sector de telecomunicaciones y cuya demanda solamente podrá ser atendida en la medida que se cuente con la infraestructura necesaria.

En términos de impacto social y económico, el estudio señala que “un aumento general de la inversión en telecomunicaciones tiene efectos directos cuantificables sobre la reducción de la pobreza, el aumento de la esperanza de vida, la reducción del hambre y de las desigualdades, e incluso en la disminución de las emisiones de dióxido de carbono”, lo que contribuye al

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Basta pensar en todo lo que se podría beneficiar una comunidad rural cuando se conecta por primera vez a Internet: capacitaciones virtuales que permitan a la comunidad optar por oficios mejor remunerados, agricultores con acceso en tiempo real al precio de sus productos y niños y niñas con la oportunidad de recibir educación digital que los prepare para los empleos del futuro.

Con el marco de una dinámica cada vez más demandante en términos de inversión y evolución tecnológica, desde hace varios años se viene dando una transformación en la forma en la que se despliega y gestiona la infraestructura de telecomunicaciones. Esta transformación dio paso al desarrollo de empresas, que, a través de modelos de compartición de infraestructura pasiva, aportan significativamente en la expansión de la conectividad y generan mercados más eficientes (costos de despliegue, barreras de entrada, liberación de capital de los operadores para mayor inversión o desarrollo de nuevos servicios, etc.).

De acuerdo con el reciente estudio, las empresas de infraestructura pasiva, además de ayudar a los operadores de telecomunicaciones en el despliegue de sitios físicos y su operación y mantenimiento de manera más eficiente, también están generando impactos positivos como un incremento significativo en el nivel de cobertura, la velocidad promedio de internet móvil y su penetración en la población.

En cuanto a la regulación sectorial, el informe destaca que Perú ya cuenta con una Ley de Infraestructura (Ley 29022) que facilita el despliegue en telecomunicaciones, siendo un marco normativo habilitador del desarrollo de la conectividad en los últimos 10 años en el país. Esta ley debe mantenerse y fortalecerse, tomando en cuenta que se debe cuadruplicar en los próximos 8 años la cantidad de infraestructura que tiene actualmente nuestro país, para atender la demanda y cerrar las brechas existentes. En línea con las conclusiones del estudio de SMC+, Osiptel estima que para 2025, el Perú necesitará tener más de 36 mil nuevas estaciones base celular, que significa duplicar lo que se tiene hoy en día.

No podemos negar que tras el impacto de la pandemia la digitalización es el camino que todos los peruanos y peruanas, sin excepción, debemos transitar para un futuro mejor, más productivo y competitivo. Tomando en cuenta lo que necesita el país en términos de infraestructura, inversión y política pública para estar mejor conectados y seguir desarrollando redes de última generación, debemos fomentar el diálogo permanente entre el sector público y privado y contar con reglas claras que impulsen y garanticen la predictibilidad de las inversiones.