Un remedio más caro que la enfermedad

Hace poco entró en vigencia la Ley de Control Concurrente (Ley 31500), por la cual todo proyecto que genere desembolso de fondos públicos por más de S/ 10 millones, deberá contar con la supervisión de la Contraloría General de la República (CGR) de manera concurrente, es decir, desde la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) hasta su culminación.

En pocas palabras, y disculpando la comparación, esto es como poner un policía al lado del escritorio de cada funcionario público con decisión sobre obras, compras o contratos en general. A primera vista la norma puede parecer positiva, pero si se le piensa con atención, podría ser más perjudicial que beneficiosa.

Según el Reporte de Eficacia del Gasto, en el primer trimestre del 2022 el gobierno nacional invirtió S/ 2,369 millones, un 22.5% menos que en el primer trimestre del 2021. No estamos hablando de escasez de recursos, pues la recaudación tributaria de ese año ascendió a casi S/ 140,000 millones, 44.4% mayor al 2020 y un 19.2% superior al 2019, gracias a la subida de precios de los metales, sobre todo el cobre, del que ya somos el segundo productor mundial. La caja está llena.

Tampoco es la corrupción, porque no estamos hablando de haber gastado mal, sino de no tener capacidad de gasto, o, mejor dicho, de inversión. El problema es la ineficiencia del aparato estatal para ejecutar proyectos de inversión pública.

Y una de las principales causas de esa ineficiencia es la elefantiásica burocracia, la cual, según nuestro criterio, será incrementada mucho más con la Ley 31500.

Especialización y experiencia

Según el texto de la novísima norma, “para el desarrollo del control concurrente se debe contar con profesionales especializados y con experiencia en la obra o servicios a realizarse”. La pregunta cae de madura: ¿de dónde sacará la Contraloría profesionales especializados y con experiencia en todas las materias de contratación para todas las entidades públicas?

Sin embargo, ese no es el mayor problema. Sí lo es el hecho de que los nuevos agentes de control tendrán que aprobar cada documento y cada procedimiento en el ya larguísimo camino de la contratación pública. Esto hará que los procesos sean aún más lentos y engorrosos, sobre todo por la forma como la ley establece que se medirá el éxito del Control Concurrente.

Nos hubiera gustado que se mida por la cantidad de proyectos que se ejecutan sin demoras ni deficiencias. Pero no.

Rendición de cuentas

La Contraloría tendrá que rendir cuenta sobre los recursos recaudados, los ahorros generados al Estado y las sanciones interpuestas. En otras palabras, el éxito del Control Concurrente del ente contralor se medirá en la cantidad de cartas fianza que ejecute, la cantidad de pagos que evite que se hagan a contratistas y la cantidad de personas denunciadas.

En el origen del problema está la errada concepción que comparte la Contraloría con muchos de los funcionarios públicos sobre la relación entre el Estado y los contratistas privados. Para ellos, si algo perjudica al privado, entonces es bueno para el Estado y viceversa.

Esa es la razón por la cual ejecutar una carta fianza -que puede hacer quebrar a una empresa, pero también paralizar una obra pública- es un logro estatal. O dejar de pagarle a un contratista aquello que el Estado le debe, es un beneficio.

Mientras no cambiemos esta forma de pensar, la Contraloría seguirá siendo un comisario que busca cualquier forma para llegar a su cuota de denuncias y ejecuciones de cartas fianza y no un ente que facilite la ejecución eficiente y transparente de obras públicas.

Y probablemente dentro de poco, estaremos discutiendo una nueva iniciativa para ver cómo fiscalizar a ese ejército de controladores concurrentes, a costa, por supuesto, de más burocracia.