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Escribe: David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad
El debate en la Comisión Nacional del Trabajo sobre el incremento de la Remuneración Mínima Vital, en un país con más de tres cuartos de su fuerza laboral en la informalidad, sólo puede definirse como un absurdo nacional. Un destino de horas y recursos de nuestros líderes políticos y sociales que, lejos de solucionar el problema de la precariedad laboral en el país, nos sumerge más en ella. Así, en lugar de ello, bien haría la CNT en dedicar su tiempo y recursos en solucionar los problemas de oferta y demanda que están detrás de la precariedad del mercado de trabajo.
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Desde el lado de la oferta, esta informalidad es resultado de la baja productividad laboral, reflejo de un pésimo sistema de salud, un marco educativo deficiente; y, las limitaciones de un amplio tejido empresarial informal incapaz de brindar carreras laborales que brinde mayores ganancias de capital humano. La productividad laboral en el Perú, medida como el valor agregado por trabajador, es menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE. Así, el Perú, termina careciendo de la capacidad necesaria para competir con solvencia en mercados globales o incluso mejorar significativamente los ingresos de sus trabajadores. Con una economía tan dependiente de la mano de obra poco calificada y de empresas con baja productividad, es evidente que el salario mínimo no sólo no resolverá nada sino que puede empeorar la situación.
Por el lado de la demanda, la MiPymes que representan más del 96% del tejido empresarial peruano, enfrentan altos costos y regulaciones que desincentivan la formalización. Estas generan cerca del 80% del empleo en el país, pero debido a las excesivas regulaciones para hacer empresa, permisos, y los altos costos de contratación, la mayoría no puede asumir la carga de trabajar formalmente y contratar en esas condiciones. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos no salariales en el Perú representan cerca del 70% del salario del sector formal y 100% del informal, lo cual hace que la formalización sea un camino cuesta arriba. En estas condiciones, un incremento de la RMV sólo puede traer más exclusión, discriminación, precariedad e informalidad.
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Pretender resolver este complejo entramado con un incremento de la RMV no solo es simplista, sino que además ignora la realidad productiva del país. Estudios realizados también por el BID señalan que el costo mínimo de contratar formalmente a un empleado en el Perú asciende al 44% del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita por trabajador, cifra significativamente superior a la de países como Chile (20%), Colombia (33%) y México (12%).
Los defensores del incremento de la RMV suelen argumentar que el salario mínimo debe actualizarse en función de la inflación y de los aumentos en productividad de los últimos años para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, esta visión ignora una realidad crucial: la RMV actual en el Perú ya está probablemente por encima de la productividad laboral. El BID encuentra que la RMV representa casi un tercio del PBI per cápita por trabajador, lo que coloca al Perú en una posición elevada en comparación con el promedio de los principales países de la región. El Banco Mundial demuestra que las pymes en economías de baja productividad no pueden soportar aumentos de salario mínimo sin consecuencias negativas en su sostenibilidad.
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Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo sobre la RMV en un país donde esta medida solo beneficiaría a un pequeño segmento del mercado laboral? Es innegable que la RMV no responde a las necesidades de la mayoría de los trabajadores peruanos, y que continuar con este debate es ignorar la realidad de un país mayoritariamente informal. Se requieren políticas que desregulen el mercado laboral, eliminen las barreras burocráticas y reduzcan los costos asociados a la formalización. Estos cambios serían los verdaderos motores de una transformación, permitiendo que las medianas, pequeñas y microempresas puedan contratar formalmente sin verse agobiadas por costos que no pueden asumir.
En lugar de que el CNT pierda el tiempo en debates mínimos, deberíamos concentrar la búsqueda de consensos orientados a encender el motor de estas unidades productivas y darles los incentivos adecuados para operar formalmente. Ese sí sería un debate en el que valdría la pena reunir a la sociedad. Un debate en el que nos pongamos de acuerdo sobre cómo implementar políticas efectivas de educación y capacitación que permitan mejorar el capital humano desde el sistema educativo hasta el entorno laboral. Debemos reenfocarnos en soluciones que permitan que todos los peruanos puedan maximizar sus remuneraciones. Es momento de que los actores sociales, sindicales y todos aquellos que dicen defender a los trabajadores alineen esfuerzos en las reformas necesarias que traigan bienestar para todos en lugar de seguir con discursos caducos que excluyen del desarrollo a los más vulnerables .
Exministro de Economía.
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