Razones para no otorgar facultades en materia tributaria

Abogado

Primera razón

El ministro Pedro Francke ha señalado que, con la reforma tributaria a realizar, se recaudarían S/12,000 millones adicionales para financiar el Presupuesto Público.

Sin embargo, esos recursos ya existen. Tradicionalmente el Estado Peruano no ejecuta el 100% del presupuesto aprobado. Fíjense en el cuadro mostrado a continuación.

Aquí se presenta la evolución del Presupuesto Público desde el 2007 hasta el 2019. Lo primero que se aprecia es la tendencia creciente del mismo. En el 2007 el presupuesto era de S/ 71,318 millones. Para el 2014 el presupuesto ya era más del doble y el 2019 se había multiplicado por 2.64 veces (alcanzando los S/ 188,319 millones).

En el cuadro también se aprecia por cada año, el presupuesto aprobado y el presupuesto efectivamente ejecutado (el denominado “devengado”). Sistemáticamente se puede ver que el Estado Peruano solamente llega a ejecutar, alrededor del 85% de dicho presupuesto. Eso significa que hay recursos que “quedan” sin ser utilizados.

Así, tenemos que el 2019 quedaron sin utilizar más de 16 mil millones de soles, el 2018 más de S/ 28,000 millones, el 2017 más de S/ 27,000 millones y así, todos los años. En el 2020 quedaron sin ejecutar más de S/ 34,000 millones y el 2021, muy probablemente quedarán S/ 20,000 millones sin ejecutar.

Entonces la pregunta …. para qué se quieren más recursos si existe un buen porcentaje, que no logra ser ejecutado.

Segunda razón

Está ampliamente documentado que el Estado Peruano no es eficiente en el uso de sus recursos. Hay muchísimas entidades y actividades que no generan valor a la sociedad ni a la ciudadanía. Múltiples indicadores internacionales revelan esta situación.

Esto significa que mejoras en la gestión (ser más eficiente) podrían “liberar” los recursos que el ministro Francke considera necesarios. Los S/ 12,000 millones que ha señalado, representan el 6% del presupuesto público. ¿Podría el Estado Peruano ser 6% menos ineficiente?

En esa misma línea, el aumento de recursos genera un problema de incentivos en el Estado. Al tener mayores recursos se aumenta la capacidad de “hacer más”, de “gastar más”, sin necesidad de ser más eficiente, sin necesidad de generar valor a la sociedad o a la ciudadanía. En ese sentido hay evidencia de entidades estatales cuyos costos de producción promedio (o unitario) han aumentado.

Por el contrario, la restricción de ingresos podría ser un incentivo para que las entidades estatales hagan más (o mejor) con menos. Es decir, que incrementen su productividad.

Tercera razón

Existe el riesgo de que esos mayores recursos se utilicen políticamente en la entrega de bonos o dádivas a determinados grupos. Esto constituye un peligro para la democracia, ya que se generarían grupos adictos a dichos pagos, susceptibles de ser manipulados o utilizados.