¿Quiénes se perjudican con el nuevo proyecto para impulsar la masificación del gas natural?

Toda la ciudadanía debe saber que el Perú es un país importador de combustibles derivados del petróleo y que los precios de las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular y doméstico, que usamos todos los días, dependen de los precios internacionales.

También, si sube el precio del combustible en el sector transporte, todo sube, porque dicho sector es el soporte de todas las actividades económicas nacionales. Es por eso que el Estado ha implementado múltiples subsidios y fondos para ayudar al sector transporte y residencial buscando estabilizar los precios de los combustibles o dando ayudas directas a los usuarios.

Poco nos damos cuenta de que contamos con gas natural por más de 30 años y a un precio regulado para todos los consumidores peruanos por ser un producto nacional. Este combustible es un 70% más barato de lo que se paga en otros países. Por eso, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) elaboraron un proyecto que se envió al Congreso de la República para su aprobación en noviembre pasado, que contempla facilitar el acceso a este recurso para todos los peruanos.

Para que más personas puedan disponer de este recurso, el proyecto de ley resalta la importancia de impulsar más empresas concesionarias y construcción de redes de distribución a nivel nacional de manera masiva.

El mecanismo planteado por el Ejecutivo era destinar recursos para incentivar la inversión en las regiones que no contaban con gas natural (siete regiones), y para todas las demás regiones que sí cuentan con gas natural, poder acelerar su masificación mediante el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), para no afectar la tarifa de gas natural con el cargo de dicha infraestructura.

Este mecanismo se ha implementado en el 2021 por el Minem y ha permitido que se construyan 220 kilómetros de red, beneficiando a más de 30,000 familias en los distritos de Ventanilla en el Callao y Carabayllo en Lima en tiempo récord. De la misma manera, se ha considerado la construcción de redes en las localidades de La Tortuga, El Alto y Negritos de la región Piura.

Tomando estos ejemplos como punto de partida, el proyecto de ley del Minem buscaba herramientas para dinamizar los esquemas regulatorios actuales a nivel nacional para lograr la masificación de gas natural.

Ahora, ¿Por qué no hay demanda del servicio público de gas natural en las actuales regiones que cuentan con gas y las que aún faltan? Muy sencillo, los precios del gas son todos diferentes y mayores a los de Lima y Callao, y es un desincentivo real para lograr su masificación y descentralización.

Para lograr la masificación del servicio del gas natural, la ley planteaba la tarifa única, mecanismo que permitía que los usuarios residenciales, comerciales, vehiculares de todas las regiones del país paguen lo mismo que se paga en Lima y Callao por usar el gas natural peruano, lo cual traería un efecto multiplicador, ello al aumentar la demanda de las regiones.

Sobre todo, se iba a ayudar al sector transporte en beneficio de todo el país, al dejar de importar combustibles y disminuir los recursos destinados como Estado para el Fondo de Estabilización de precios de combustibles, que oscila aproximadamente en S/ 600 millones mensuales.

¿Qué modificó y aprobó finalmente el Congreso de la República?

En una sesión para el olvido, lo primero que modificó es que todas las regiones que cuenten con empresa concesionaria del servicio público de gas natural no sean consideradas para los mecanismos de ampliación de redes, es decir, el beneficio de construcción de redes no se podrá replicar en las siguientes regiones: Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, Tacna, Moquegua, Arequipa y Tumbes, las cuales tendrán que seguir con los esquemas tradicionales, que son muy largos y lentos para lograr, efectivamente, la masificación del recurso.

¿Quiénes son los grandes perjudicados? El 65% de la población de Perú que vive en las diez regiones que hoy cuentan con un concesionario y que no podrán acceder a la construcción de redes con los esquemas ágiles y que tampoco podrán contar con una tarifa única de gas natural a nivel nacional, incluyendo entre los principales perjudicados a los transportistas que no podrán usar el gas natural a un precio competitivo como lo tiene hoy Lima y Callao, y tendrán que seguir consumiendo los combustibles que el país importa y cuyos precios dependen de los marcadores internacionales.

El gas natural se debe utilizar ahora y en beneficio de todo el país. ¿A quiénes favorece la no masificación del servicio público del gas natural? Eso es lo que debemos analizar y discutir.