Escribe: David Tuesta, Presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía.
T. S. Elliot, uno de mis poetas preferidos, decía en su famoso poema The Waste Land que “abril es el mes más cruel, engendrando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo, removiendo raíces insípidas con la lluvia primaveral”. Y aunque en abril en el Perú no estamos en primavera, sino en otoño, ese mes se ha constituido por ley en el momento donde se renuevan nuestras perspectivas a través del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM), como parte de la actualización de las cifras del Marco Macroeconómico Multianual, pieza fundamental en la “trinidad” de la prudencia fiscal, junto con la Ley de Reglas Fiscales y el Consejo Fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), plantea una nueva cifra de crecimiento económico para este 2024 de 3.1% junto con una línea de expectativas hasta el 2027 que rondaría un promedio anual de 3.0%. Teniendo esto como base, se plantea un nuevo perfil de déficit fiscal. En el MMM se contaba con una trayectoria de convergencia de resultado económico del Sector Público No Financiero que iniciaba en 2.0% del PBI para este año; 1.5% el 2025; 1.0% el 2026; y 1.0% el 2027. Ahora, con el nuevo derrotero anunciado en este IAPM, se parte de 2.5% del PBI en 2024, para ir llegando de manera más lenta al 1.4% en el 2027. Anticipan que la meta de la Regla Fiscal de 1.0% del PBI recién se alcanzaría el 2028.
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Si bien estas proyecciones presentan un escenario más razonable para la economía peruana, existe un conjunto de riesgos que pueden desviar la posibilidad de cumplir la trayectoria del déficit fiscal. La probabilidad de alcanzar este compromiso descansa en gran medida de los espacios que se puedan construir para al menos evitar que el crecimiento potencial siga derrumbándose. Hoy vemos en el país pocas muestras de que este indicador –estimado en torno al 2.5%– tenga posibilidades de mejorar. Más aun teniendo en cuenta el actual contexto donde observamos que las riendas de la política económica las toma cada vez con más frecuencia el Congreso de la República. La irresponsabilidad de este último se ha plasmado en una lista larga de medidas antitécnicas que han ido mellando nuestro crecimiento a largo plazo.
La materialización de los riesgos fiscales en estas proyecciones no es un tema menor. Por cierto, los orígenes de los constantes desvíos que venimos observando en las proyecciones desde hace algún tiempo lo confirma. Además de las vicisitudes políticas arriba mencionadas, tenemos otras como las vinculadas a los desastres naturales. Como bien sabemos, la probabilidad de ocurrencia de escenarios de Fenómeno del Niño (FEN) de magnitudes considerables son cada vez más altas. De hecho, luego de haber pasado el susto de un FEN fuerte, que por suerte no se concretó este 2024, cabría esperar que en un período de proyección del IAPM tan largo que va hasta el 2028, este terrible evento eleve su probabilidad de ocurrencia y pueda terminar tumbando las proyecciones que hoy marcan su guía.
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De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante las últimas cinco décadas, los desastres naturales vinculados con el cambio climático se han multiplicado por tres, trayendo consecuencias incrementales en el ámbito de la morbilidad, mortalidad, ecosistemas y economías, los que se estiman pueden reducir la actividad económica entre 1 y 4 puntos tanto en los países emergentes como los de bajo desarrollo en América Latina.
En otro tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la materialización de los riesgos fiscales tiende a estar correlacionada con escenarios de debilidad económica. En estos, el costo promedio de la materialización de un pasivo contingente es del 6% del PBI. Estos impactos, además, demuestran ser asimétricos, explicado en parte porque los ministerios de economía tienden a actualizar con prisa los choques positivos (por ejemplo, mejores precios de materias primas) y más lentamente los que son negativos, como sucedió en el Perú el año pasado. Efectivamente, analizando la trayectoria de las proyecciones de déficit fiscal de economías emergentes entre 2015 y 2020 versus los datos ejecutados se apreciaba previamente a la crisis del covid-19 un desvío incremental, que llegó a los 2 puntos del PBI para terminar en cerca de 8 puntos en 2020. En el caso de la deuda pública el desvío terminó alcanzando los 15 puntos del PBI.
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¿Con estos desvíos observados, sirven las proyecciones económicas oficiales de algo? Sí sirven, por supuesto. Toda economía necesita planificar la gestión de sus finanzas públicas de cara a plantear las necesarias políticas públicas. Esto requiere, sin embargo, un correcto manejo de los supuestos, una evaluación sincera de los riesgos, y las acciones de política que realistamente se pueden llevar a cabo. Valorando esto en el contexto actual, permanece la pregunta de si las flamantes proyecciones de este Gobierno son creíbles o empiezan más bien a marchitarse como lo hacen las flores en otoño.
Exministro de Economía.
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