Así es la nuez

María Isabel León
Educadora

El presidente Martín Vizcarra anunció un aumento de 10% sobre la remuneración básica de la primera escala del magisterio nacional, elevando el piso salarial de S/ 2,000 a S/ 2,200 entre marzo y diciembre del 2019, beneficiando a más de 340,000 docentes de la educación básica, iniciativa que ha sido públicamente desairada y considerada como un “insulto” y una “provocación” por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, Sutep.

Es bueno recordar que en el 2012, cuando se promulgó la Ley de Reforma Magisterial No. 29944, se estableció, entre otras cosas, que los docentes públicos ingresarían al escalafón magisterial cada dos años, que evaluarían su desempeño cada 3 años (posteriormente, fruto de la presión sindical, se extendió a 5 años) y que ascenderían a cada una de las subsiguientes escalas meritocráticas, cuando se presentaran vacantes de acuerdo con el mandato de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Así, se estableció la RIM (Remuneración Integral Mensual) como el cálculo elaborado y fijado por el Minedu, cifra que comprendía las horas de docencia en aula, preparación de clases, evaluación, actividades extracurriculares, complementarias, trabajo con familias y la comunidad en apoyo al desarrollo de la institución educativa, fijando además asignaciones extras que incluían pago por servicio en zonas de frontera o rural, estudios de posgrado, subsidios por sepelio, luto, pago de CTS y demás. La norma fijó entonces la jornada laboral de nuestros docentes entre 24 o 30 horas pedagógicas (de 45 minutos cada una) para el trabajo en aula, y el goce de 60 días de vacaciones al año.

El reglamento de la mencionada ley señaló a su turno que la jornada de trabajo de los docentes sería de lunes a viernes, 30 horas para inicial y primaria y 24 horas a la semana para secundaria. La remuneración de la primera escala magisterial se fijó en S/ 1,554.90 y sirvió de base para el cálculo de cada uno de los 7 niveles posteriores, de acuerdo al porcentaje señalado en la ley, y que han sido percibidos por los docentes durante cinco años sin ninguna variación (desde el año 2012 hasta el 2017), fecha a partir de la cual aparecieron las mejoras, incrementándose a S/ 1,780 los haberes a inicios del 2017 y finalmente a S/ 2,000 a finales del mismo año, debido a la presión generada por la extendida huelga magisterial, unificando la jornada laboral de los docentes de toda la educación básica a 30 horas “pedagógicas” a la semana. Es decir, se debe destacar el gran y real esfuerzo del Estado para mejorar la digna y merecida remuneración de nuestros docentes a nivel nacional.

Es importante no perder de vista la perspectiva que la situación descrita genera, ni tampoco la realidad nacional, y señalar que, de acuerdo a lo publicado en el portal “Ponte en carrera”, por ejemplo, un profesional de la educación tecnológica que trabaja en el sector privado gana en promedio S/ 1,825, en otras áreas educativas S/ 1,780 o en educación especial S/ 2,060. El salario promedio de Lima Metropolitana, según el INEI, es de S/ 1,674.00 y el salario mínimo nacional es de S/ 930.00 Un docente de una conocida red de colegios privados de buena calidad, gana en promedio S/ 2,166 mensuales. Un docente de nivel auxiliar de universidad pública gana S/ 2,958. Una licenciada en enfermería del Minsa percibe en promedio S/ 1,369, y así muchos ejemplos más. Estos profesionales, además, trabajan 48 horas a la semana (a diferencia de las 30 horas “pedagógicas” que trabaja el magisterio nacional) y gozan de 30 días de vacaciones anuales (a diferencia de los 60 días de los que goza el profesorado).

La lista puede continuar y no queremos señalar con estos datos que debemos conformarnos con poco, pero sí es importante comprobar cuán bajos están los salarios de los distintos profesionales en nuestro país, para no victimizar a nadie ni mucho menos despreciar los esfuerzos que el Estado pueda hacer en favor de un importante sector de servidores públicos, como resultan ser los docentes del magisterio nacional.

Quizá, sería un buen momento para recordar que según el documento “Balance y recomendaciones enero 2016-junio 2017” del Consejo Nacional de Educación, la matrícula de alumnos en la escuela pública se ha ido reduciendo significativamente a partir del 2012, a diferencia del número de docentes, lo que ha generado un menor número de alumnos por aula, registrándose a la fecha 16 alumnos por docente en la educación inicial, 14 en la primaria y solo 12 en la secundaria.

De esta forma, mientras el número de alumnos de la educación básica regular pública se incrementó solo en 2% entre los años 2015 y 2016, el número de docentes lo hizo en 5.5%. Y aunque resulte impopular y políticamente incorrecto decirlo, sería también un buen momento para transparentar el verdadero número de docentes públicos que necesita nuestro sistema educativo, de manera que este sinceramiento pudiera generar una eficiente racionalización y mejores salarios a la postre, para aquellos que realmente se pudieran necesitar.

En un país con una alta tasa de evasión en el pago de impuestos, que asciende a más de 57,000 millones de soles al año y con más de 70% de informalidad laboral y empresarial, con miles de peruanos que no cotizan al Estado y reclaman servicios públicos gratuitos, es poco lo que se podría hacer para satisfacer las legítimas aspiraciones de todos los servidores públicos de nuestro país.

Como digo y sostengo, hay que poner el hombro para reforzar el crecimiento y desarrollo del Perú, sin afectar el derecho a la educación de la que gozan millones de niños en todos los rincones del país y que son -y deben ser- nuestra prioridad. Retomemos, entonces, la senda del crecimiento, para distribuir riqueza y no racionalizar pobreza. Así es la nuez.