Presidente Ejecutivo de la Sunass
Casi tres millones de peruanos no tienen acceso al servicio de agua potable, uno de los más importantes para la salud, el bienestar y el desarrollo de la población. Es un escenario que se vislumbra difícil de superar. El crecimiento exponencial y desordenado de las ciudades hacía las zonas periurbanas y la dispersión característica de la población rural complican sobremanera la extensión de redes y ampliación de la cobertura del servicio. Además, tenemos el pronóstico preocupante de la disminución progresiva de la disponibilidad de agua hacia el futuro, como producto del cambio climático y la degradación de los ecosistemas hídricos.
En el modelo tradicional, conocido como el triángulo regulatorio de los servicios públicos, que ubica a la Sunass en el centro de los objetivos de los usuarios, Estado y las empresas prestadoras, para buscar un balance que permita la sostenibilidad de los servicios y una producción eficiente que pueda trasladarse a los usuarios a través de menores tarifas, existen dos actores que no están debidamente visibilizados: los que actualmente no tienen acceso al agua potable y los usuarios del futuro (como nuestros hijos y nietos), quienes podrían sufrir la escasez del recurso. Estamos hablando, entonces, de un modelo incompleto que requiere ser modernizado.
Herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que utilizan los países de la OCDE, nos propone un análisis estricto para diseñar, evaluar y modificar las propuestas regulatorias destinadas a resolver problemas públicos, e incentiva a una mayor participación de la sociedad y de los stakeholders, revelando a aquellos excluidos de la regulación, como los usuarios sin acceso al agua potable y las generaciones futuras. Además, subraya el papel central de consultas públicas en la búsqueda de soluciones.
La Sunass, precisamente, debe avanzar con esta visión de regulador moderno desde diversos ámbitos. Recientemente, ha aprobado el mecanismo de consulta pública para que los usuarios participen en la identificación de necesidades de mejora del servicio de agua potable desde la elaboración de los Planes Maestros Optimizados (PMO) de las EPS, las cuales trazan la ruta de las inversiones a largo plazo.
De este modo, el regulador no solo busca eficiencias mediante la regulación tarifaria y la fiscalización, sino también toma en cuenta explícitamente la planificación del futuro para mejorar los servicios de saneamiento. Asimismo, pensando en la sostenibilidad, considera el suministro para las futuras generaciones. Por ello, a la fecha, ha logrado que 43 de 50 EPS cuenten con fondos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos (Merese-H), para la realización de proyectos de recuperación y conservación de fuentes de agua que abastecen a las ciudades y así no corran riesgo de desabastecimiento. Y se plantea que en 3 años todas las EPS cuenten con ese fondo.
Además, consciente de que se debe tener una política regulatoria que priorice la equidad social para el acceso de los usuarios no conectados en las zonas periurbanas y rurales, la Sunass trabaja la propuesta de un Servicio Prestado en Condiciones Especiales (SPECE), para que las EPS puedan abastecer mediante camiones cisterna a esta población, cobrando un precio justo, fijado por el regulador, sin que tengan que pagar el actual sobreprecio.
Bajo este nuevo enfoque, se abren nuevos caminos con la visión de que llegue el día en que cada peruano y peruana tenga acceso a agua segura y servicios de saneamiento de calidad. Hacer un seguimiento adecuado a las inversiones planteadas como metas de gestión de las EPS, articulando con las acciones del ente rector del sector y las del gobierno regional, local, entidades de cooperación y organizaciones comunales para avanzar en el cierre de brecha de una manera más eficiente y sostenible. Al mismo tiempo, trabajar en la construcción de una verdadera valoración y uso responsable del agua potable y de los servicios de saneamiento. El camino está trazado. Nos toca seguir esa ruta.