“Niños”, ¡las empresas públicas no son juguetes!

En diversas columnas, y en mi libro sobre Petroperú, he argumentado que las “empresas sin dueño” como lo son en la práctica nuestras empresas públicas, presentan graves problemas de gobierno corporativo justamente por carecer de un dueño a quien rendirle cuentas. Problemas que terminan siendo muy costosos para los peruanos.

¿Qué hacer con las empresas públicas? En muchos casos, la mejor opción es la privatización de las mismas, pues el que estén bajo el ámbito de la actividad empresarial del Estado no genera beneficios netos para la sociedad.

Asignar recursos públicos escasos para mantener estas empresas, en vez de proveer los bienes y servicios públicos que la población demanda, carece de racionalidad económica. Las mantenemos en el Estado porque es políticamente incorrecto hablar de lo correcto: privaticemos aquello que no tiene sentido mantener en el Estado y destinemos los recursos que se obtendrían a financiar las actividades que el Estado sí debe desarrollar.

Dejando de lado lo que deberíamos hacer y centrándonos en lo que podemos hacer en las actuales circunstancias políticas, resulta indispensable mejorar el control de las empresas públicas. Y aquí, el Fonafe, más que la Contraloría, juega un rol importante.

De hecho, ha permitido mejorar el gobierno corporativo de algunas empresas públicas y minimizar el daño que se podría haber generado debido a la ausencia de un “dueño que engorde al caballo”. Por ejemplo, la formación de grupos corporativos dentro del Fonafe, como el de Distriluz, permitió generar economías de escala y aumentar la eficiencia en la expansión de la cobertura y provisión de electricidad para la ciudadanía.

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Sin embargo, algunos congresistas de la República –que más bien parecen niños– no solo ignoran la precariedad de nuestras empresas sin dueño, sino que en la práctica buscan agravarla. Ejemplo de esto es la “Comisión Investigadora del Cargo Fijo y Contrataciones de Electricidad”, la cual, tras un año y medio de “investigación” y más de medio millón de soles gastados, lo único que viene demostrando es su falta de comprensión de la problemática de las empresas de distribución eléctrica y el marco normativo que las regula.

Su propuesta emblemática, que las empresas públicas devuelvan el cobro del cargo fijo realizado durante la pandemia, parece ignorar el hecho de que las empresas privadas también lo cobraron por estar estipulado en la ley que las regula.

La comisión hasta ahora no muestra un análisis adecuado de la problemática del cargo fijo y, más bien, ha orientado sus esfuerzos a cuestionar asuntos no autorizados por el Congreso, como es el rol del Fonafe y el modelo de gestión corporativa de las empresas distribuidoras de electricidad. No podemos seguir debilitando el gobierno corporativo de nuestras empresas públicas, aprendamos de la costosísima lección que nos deja Petroperú. Niños, ¡no jueguen con las empresas estatales, es muy costoso!

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