Desinformación interesada

¿Alguna vez se han puesto a pensar quién gana con la desinformación? Seguro me contestarán la derecha extrema, el comunismo, los caviares, los anticiencia, los antivacuna, o quizás los políticos. Depende de en dónde se encuentren ideológicamente, cada uno contestará diferente. Pues bien, los únicos que ganan con la desinformación son las plataformas digitales. ¿Cómo? Creando tráfico.

Las plataformas digitales dejaron de ser, hace mucho tiempo, empresas digitales para convertirse en empresas de información y publicidad. El 97.7% de los ingresos de Meta entre el 2009 y el 2022 fue por publicidad digital y el 80% de los ingresos de Google entre el 2017 al 2022 fue de publicidad.

La discusión no es sobre el contenido, la discusión debe ser sobre el modelo de negocio que prioriza un contenido barato de gran alcance. El solo hecho que yo ponga un contenido no verificado, y muchas veces falso, crea la “duda” en los consumidores y eso no hace más que aumentar el tráfico que termina siendo premiado por el algoritmo. Más tráfico, más publicidad.

Pero lo medular del negocio es que las plataformas no son responsables sobre los contenidos, ni sobre los productos, ni sobre los servicios que se les ofrece a los consumidores. Son solo intermediarios, ninguna responsabilidad ni regulación recae sobre ellos. Impensable que un medio de comunicación como la radio o la televisión difundan, por ejemplo, una publicidad falsa o hecha con IA, donde una conocida periodista publicita un producto que en su vida ha visto. Planteado así el mercado, sin ningún tipo de transparencia ni responsabilidad en la publicidad, los consumidores somos vulnerables a los robos, fraudes, desinformación, productos falsificados, entre otros.

Es por esta razón que la Comunidad Europea, a la vanguardia legislativa, sacó la ley Digital Market Act y el Digital Service Act, sendas leyes que entraron en vigor el pasado agosto. Estas leyes no son más que una relación de reglas que las grandes plataformas deben cumplir con el fin de crear un espacio transparente y seguro para los usuarios. Casi el total de plataformas, inclusive las de retail, deben restringir la desinformación, remover el contenido ilegal, mejorar sus procesos de protección a los menores, minimizar riesgos y permitir auditores externos independientes. Y, no menos importante, transparentar las recomendaciones de los algoritmos.

En la región, Brasil ha sido el único país que pretendió sacar un proyecto de ley, el PL 2630 o Ley contra fake news. Pero el PL se ha enfrentado a una campaña de desprestigio (promovida de parte) especialmente en las plataformas digitales, inclusive poniendo sendos avisos publicitarios en Spotify contraviniendo sus propios términos de uso de prohibición de publicidad política.

El consumo y la publicidad han cambiado, tenemos que adecuar nuestra normativa a este nuevo mundo. Por ahora, estamos muy lejos con nuestra legislación.