Una tarea central que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es anunciar qué acciones concretas tomará para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales, de cara a las mayores exigencias que se vienen a futuro. La importancia de esta tarea radica en la necesidad de salvaguardar el compromiso del Perú con la disciplina y credibilidad de su política fiscal, elementos clave para las agencias de rating al momento de determinar la calificación crediticia del país. Si bien no hay duda respecto a la solvencia ni la capacidad de honrar el servicio de la deuda pública, nuestro país enfrenta innumerables contingencias fiscales. Según Standard & Poors, estas provienen de la ejecución de garantías de Reactiva Perú, disputas con inversionistas internacionales, transferencias a empresas públicas, entre otras.
Tras el incumplimiento de la regla de déficit fiscal del año pasado, urge recomponer las finanzas públicas. El mayor crecimiento del PBI sin duda permitirá esta recomposición, especialmente de cara al desplome de la recaudación tributaria del 2023, cuando la recesión condujo a una caída de los ingresos tributarios de S/ 10,530 millones. De cumplirse el pronóstico oficial de crecimiento del 3%, este 2024 se estaría recuperando los ingresos del Gobierno general en S/ 14,000 millones. Sin embargo, un punto porcentual de menor crecimiento del PBI significaría cerca de S/ 5,000 millones menos de recaudación tributaria. De ahí la importancia de impulsar la reactivación económica no solo para generar empleo y reducir pobreza, sino también para sanear las finanzas públicas.
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El MEF debe recuperar los ingresos tributarios, pero sin generar señales que afecten la confianza empresarial y descarrilen la recuperación económica. La Sunat debe seguir mejorando los principales indicadores de incumplimiento tributario, tal como se observó en los últimos cinco años. Según sus estimaciones, entre 2017 y 2022, el incumplimiento del Impuesto General a la Ventas (IGV) pasó de representar el 37.4% de la recaudación potencial al 30.3%, mientras que el incumplimiento del Impuesto a la Renta de tercera categoría pasó del 51.5% al 40.5% de la recaudación potencial. Sin embargo, estos niveles siguen superando el promedio de la región.
Por el lado del gasto, el presupuesto del sector público ya se ha incrementado en S/ 4,000 millones en las tres primeras semanas del año, producto de la continuidad presupuestaria otorgada a obras públicas que no devengaron los recursos ordinarios asignados en 2023. Vale decir, en lugar de recomponer el ahorro público alimentando el fondo de estabilización fiscal, la ley de presupuesto vigente otorgó un “crédito suplementario” a gobiernos regionales y locales. Entrados en su segundo año de gestión, lo previsible es que estas entidades mejoren su capacidad de gasto, ejecuten con mayor diligencia el presupuesto asignado y persigan demandas adicionales para financiar mayor gasto público alentadas por un Congreso fiscalmente voraz. En este contexto, se requiere un mayor control del gasto público e, indudablemente, reconocer que no hay más espacio fiscal para nuevas versiones de Con Punche Perú ni pedidos de créditos suplementarios.
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Un ámbito que mejoraría las finanzas públicas es la racionalización de los más de S/ 20,000 millones que se otorgan en materia de exoneraciones tributarias. Bien es sabido que el gasto tributario representa ingresos fiscales que se dejan de recaudar por favorecer determinados objetivos. Sin embargo, según el propio MEF, los gastos tributarios para este año se incrementaron en alrededor de S/ 3,000 millones respecto a 2023, debido principalmente a las exoneraciones del IGV (Amazonía, insumos agrícolas, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, etc.). Estos gastos tributarios son costosos y no existe evidencia de que cumplan con los objetivos económicos y sociales para los cuales fueron implementados. Aun así, el propio Ejecutivo sigue proponiendo nuevos incentivos tributarios (zonas especiales, electromovilidad, etc.), sin racionalizar los que no funcionan. El Congreso, por su parte, se sigue esmerando en perforar el Código Tributario preasignando ingresos tributarios a objetivos mercantilistas.
Es clara la necesidad de lograr una mayor consolidación de las finanzas públicas. Sin embargo, este proceso se debe conducir sin minar la recuperación económica y evitando cualquier atisbo de politización de la institucionalidad fiscal. En este sentido, resultan inoportunos, por decir lo menos, los cambios realizados en la sala de la Corte Suprema a cargo de las controversias tributarias. A inicios de año se produjo una importante recomposición de la sala, cuando se nombró a magistrados provisionales. Actualmente, el 72% del total de jueces supremos es provisional, lo que puede afectar sus niveles de independencia e imparcialidad al no gozar de estabilidad en el cargo. Son cambios que introducen incertidumbre y no ayudan a solucionar el problema de fondo, que es evitar la excesiva judicialización de los litigios tributarios. La mitad de la pretendida deuda tributaria de los grandes contribuyentes (S/ 11,000 millones) está en fase de apelación en el Tribunal Fiscal, paso previo para su eventual judicialización.
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El riesgo hoy es que se pretenda sanear las cuentas públicas sesgando la resolución de controversias a favor del fisco y rompiendo la imparcialidad que debe caracterizar a dicha institucionalidad. Si bien hay una importante agenda fiscal pendiente en todos los poderes del Estado, es fundamental evitar vulnerar la institucionalidad fiscal en cualquiera de sus ámbitos. Lo anterior afectaría la confianza empresarial y retrasaría la reactivación, clave para justamente mejorar los ingresos fiscales y sanear las finanzas públicas.
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