Se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Dado el contexto actual que experimenta el país, me pregunto si todavía podemos contar con ella. Efectos climatológicos, conflictividad social, delincuencia, un Congreso de espaldas al país, un Gobierno cuya gestión económica ha estado bastante por debajo de lo que se esperaba, expectativas desplomadas, entre otros, conforman la lista de circunstancias que han “adornado” el 2023 como un triste colofón de una década en el que el Perú fue perdiendo gradualmente su otrora dinamismo económico para terminar cerrando el año en números rojo-intenso.
¿Seguirá el 2024 por esta misma vía? Está descontado que la economía global crecerá menos que en el 2023, retrocediendo desde 2.9% al 2.7%. Esto, si bien responde en parte al retiro de los excesos de demanda, también se explica por los mayores riesgos geopolíticos y financieros que valoran los bancos centrales y que influyen en su actitud prudente respecto a la gestión de las tasas de interés. La incertidumbre sobre el devenir de los conflictos de Rusia-Ucrania e Israel-Hamás, así como el resultado de las elecciones en Estados Unidos se posicionan como los eventos más evidentes. Así, este contexto internacional tiene riesgos de repercutir en los flujos de capitales domésticos, la depreciación del sol e impactos sobre el riesgo país, sumado a repercusiones reales que vendrían por una disminución de la demanda externa.
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En el ámbito interno, un típico escenario de base de previsiones para este 2024 debiera considerar la inercia descendente que trae la actividad el 2023, que como se sabe ha cerrado en un porcentaje cercano al -0.5%. Detrás del número, preocupa la fuerte desconfianza de la inversión privada ante el complicado entorno y la limitada gestión económica del Gobierno, donde los planes Con Punche Perú 1, Con Punche Perú 2 y Unidos han mejorado poco o nada las expectativas de los agentes. Por suerte, un aspecto positivo para este 2024 es que los riesgos del impacto del fenómeno de El Niño han disminuido sustancialmente. Sin embargo, no tendremos la misma bendición en el ámbito político.
Bajo este prisma, podemos proyectar un escenario central con un crecimiento que rondará el 2.5% en el 2024. A nivel sectorial, el soporte se encontrará en la recuperación del sector pesquero y la manufactura primaria; sin embargo, los sectores relacionados a la demanda interna como la manufactura no primaria, construcción, comercio y servicios se mantendrán muy débiles y la minería también desacelerará su crecimiento. La demanda interna a duras penas crecería por encima del 2% con un aporte marginalmente mayor del sector público mientras el aporte privado y externo crecerán de manera ralentizada. Desde un plano social, la triste realidad se hará visible en las cifras de pobreza. En abril, conoceremos las estadísticas del 2023, donde con alta probabilidad la tasa de pobreza habrá llegado al 30%. Y, claro, con el débil desempeño que se espera para el 2024, esta tasa superará ese umbral con certeza. Toda una cachetada a la esperanza.
Mientras tanto, seguiremos reduciendo nuestro potencial de crecimiento, teniendo como principal responsable a la inoperancia de nuestra clase política, representada en el Ejecutivo y en el Congreso. Esta debilidad institucional redunda sobre la falta de incentivos para dinamizar los factores de producción y la innovación que nos ayudaría a retomar la senda perdida hace diez años. Y es que difícilmente se pueden generar incentivos si los derechos de propiedad se ponen en duda; cuando hay serios cuestionamientos sobre la honestidad de las autoridades; cuando se va perdiendo estabilidad política y económica; cuando no hay confianza en el Poder Judicial; cuando la población se ve dominada por la delincuencia; y cuando se pone en entredicho el objetivo de profundizar mercados competitivos y abiertos en el país.
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Habiendo descrito todo esto, ¿dónde podemos encontrar una luz de esperanza?, ¿cómo hacemos para no perderla? Creo que la única posibilidad reside en un cambio de actitud del Ejecutivo. Se necesita un Gobierno valiente que ponga al país por encima de cualquier pacto político que exista para su permanencia hasta el 2026. Gobernar solo bajo este objetivo egoísta, no tiene ningún sentido y sería sumamente injusto con los peruanos. Hay políticas que se requieren urgentemente en el mercado laboral, cuya rigidez creciente viene golpeando duramente la competitividad y la creación sostenida de puestos de trabajo; se requiere cerrar las brechas enormes que surgen producto de instituciones ineficientes como Petroperú y similares, así como la enorme grasa estatal que existe en el país.
Se requiere un reenfoque efectivo del gasto y de las acciones de inteligencia para reducir el problema número uno del país que es la criminalidad; es urgente reducir las insufribles cargas burocráticas que padecen los ciudadanos; y se necesita priorizar el gasto que coadyuve al cierre de las brechas sociales para impedir que la pobreza continúe creciendo a niveles que luego serán difíciles de reducir. Este 2024 es quizá el último año de Gobierno efectivo que tiene Dina Boluarte. Si no hace los cambios de inmediato, ya el 2025 será imposible poner en marcha políticas relevantes al ser un año preelectoral, lo que someterá al Perú a un suplicio económico y social que no se merece.
