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El informe “El estado de las organizaciones 2023″ de McKinsey describe los diez cambios más significativos a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día. Estos cambios pueden ser tanto retos como áreas de mejora. Entre estos cambios está la aplicación de la inteligencia artificial (IA). De acuerdo con McKinsey, la IA puede utilizarse para construir mejores organizaciones. En la actualidad, las compañías están empleando la IA en al menos alguna de sus áreas y, de acuerdo con el reporte mencionado, dos tercios de estas pretenden incrementar sus inversiones en desarrollar herramientas tecnológicas.
Mientras que antes las decisiones de las organizaciones se tomaban principalmente sobre la base del juicio de los directivos, las organizaciones impulsadas por la IA están reinventando la forma en que gestionan el talento, sus procesos y estructuras. Emplean la IA para mejorar drásticamente las formas de trabajar y realizar cambios estructurales más rápidos y basados en datos, lo que les permite ser más eficientes. En el caso de toma de decisiones, la IA puede ayudar a las organizaciones a actuar con rapidez y precisión, eliminando obstáculos, respondiendo más rápidamente a las necesidades del mercado y teniendo en cuenta factores como los sesgos y la política.
El mundo se rinde ante la IA y, aunque su implementación supone varios retos –sobre todo consideraciones éticas–, se está impulsando su adopción. El Perú no ha sido ajeno y una novedad normativa en esta semana ha sido la publicación de la Ley que promueve el uso de la IA en favor del desarrollo económico y social del país (Ley 31814). Esta ley busca promover el uso de la IA con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país, garantizando su uso ético, transparente y responsable; además, se considera de interés nacional el fomento del desarrollo y uso de la IA para mejorar, entre otros, a los servicios públicos, educación, salud, justicia y seguridad ciudadana.
¿Es posible que la IA pueda mejorar la prestación de servicios del Estado o que este sea capaz de adoptar mejores decisiones públicas? La respuesta es sí, pero para ello el Estado debe superar dos retos importantes y comunes a cualquier organización a la hora de implementar la IA. La primera es la falta de talento humano y capacidades necesarias para impulsar el cambio tecnológico. Para revertirlo, el Estado debe fortalecer sus competencias digitales y analíticas, lo que incluye el desarrollo de software, el conocimiento del “cliente” (el ciudadano o usuario) y la ciencia de datos.
El segundo reto está asociado a la falta de capacidad del Estado para generar, colectar, gestionar y analizar datos. Todas las entidades públicas manejan una enorme cantidad de datos, pero no todos estos son de buena calidad –es decir, sirven para adoptar decisiones–, se encuentran repartidos en varias hojas de papel –ahora cambiadas por documentos escaneados– archivadas, jamás procesadas y mucho menos colectadas con la finalidad de ser analizadas. La data es el insumo principal, la “gasolina” que mueve todas las tecnologías emergentes, la que será capaz de apoyar en el diseño de mejores servicios, mejores decisiones y normas, pero que es la gran ausente de la ley recientemente aprobada.
El impulso de la IA puede ser ese disparador que se necesita para superar estos retos de modernización del Estado y lograr que camine a la par con otras organizaciones.
