Malas regulaciones sí atentan contra la reactivación

En recientes declaraciones, el ministro de Economía concluyó que lo que más afecta a la inversión es la falta de predictibilidad de las reglas del juego, sean estas “buenas o malas regulaciones”. Ciertamente, este tipo de declaraciones, viniendo del “garante de la racionalidad técnica” del Ejecutivo, hacen poco por revertir el pesimismo reinante del sector empresarial. Resulta una omisión incomprensible que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no esté abordando explícitamente el incremento en la prima de riesgo regulatorio que se ha disparado en el país. Esta permisividad presiona al regulador a actuar de manera antitécnica y estimula al Congreso a que continúe legislando demagógicamente.

Como se ha evidenciado recientemente, la Comisión para la Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi ha jugado un importante papel para evitar que malas regulaciones afecten la generación de empleo formal. Sin embargo, hay otras instancias del mismo Indecopi que no aplican del todo la rigurosidad técnica que sus responsabilidades le demandan. Por ejemplo, la Comisión de Protección al Consumidor inició un procedimiento sancionador a una serie de productos alimenticios por presuntamente exceder el límite legal de grasas trans y, en calidad de medida cautelar, ordenó a las empresas a cesar su distribución y comercialización. Esta decisión fue revocada por la sala de apelaciones meses después al comprobar que la Comisión había desconocido el empleo de criterios de muestreo y medición en base a normas técnicas. Casos similares exponen a las empresas a criterios irrazonables, sanciones desproporcionadas y amparan el abuso del derecho. Ulteriormente los consumidores terminan privándose de productos de calidad por la negligencia del fiscalizador.

Tanto el Ejecutivo como el Congreso aprueban normas o leyes sin cumplir con un análisis de impacto regulatorio, en contravía al estándar adoptado por los países miembros de la OCDE, que busca que las normas y regulaciones logren los objetivos trazados al menor costo posible. El caso es más severo en el ámbito legislativo, donde la mayoría de los proyectos de ley carece de una exposición de motivos donde se exprese el problema que se pretende resolver y los fundamentos de la propuesta, así como de un adecuado análisis costo-beneficio que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían o su impacto económico. Lo más grave es que estas iniciativas son eventualmente aprobadas por insistencia haciendo caso omiso de los informes de las áreas técnicas correspondientes.

Otro ejemplo ilustrativo y muy sensible para la población es el proyecto de ley que propone dejar sin efecto la exoneración del IGV y de derechos arancelarios a los medicamentos para el tratamiento oncológico, del VIH/Sida y diabetes. El argumento que sostiene la propuesta se basa en incrementos de los precios de los medicamentos exonerados para tratar el cáncer, observados hasta 2011. El proyecto no aclara qué se espera obtener de la eliminación de dichas exoneraciones ni analiza los eventuales escenarios que enfrentaría el mercado de lograrse la modificación, como podrían ser el incremento de precios y el encarecimiento de los productos. Si bien las exoneraciones tributarias deben de pasar por la evaluación del MEF y debieran racionalizarse como lo indica el Código Tributario, la propuesta legislativa no se centra en el problema de fondo que es el escaso acceso a medicamentos por parte de los consumidores, debido al desabastecimiento crónico de medicamentos de las instituciones públicas de salud. Como este ejemplo, hay múltiples iniciativas aparentemente “bien intencionadas” que no cumplen con un mínimo de calidad regulatoria.

Estos casos ilustran la desconexión entre los problemas que enfrentan los ciudadanos y la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades en ambos poderes del Estado. Según la encuesta de Ipsos “Sentimiento de Sistema Roto en 2021″ elaborada en 25 países a nivel global, el Perú se ubica como el segundo país con el mayor índice de sistema fracturado y el cuarto lugar con mayor populismo en la muestra encuestada. Esta medición resalta que un problema muy serio en nuestro país es la percepción de que “los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan por personas como yo”. Claramente esto abona a una mayor desconfianza ciudadana. La contundente derrota de la consulta constitucional en Chile abriga esperanzas de que las promesas populistas también pueden llegar a ser rechazadas por la población, que eventualmente es capaz de no sucumbir ante promesas claramente inviables.

Estamos, pues, ante un escenario en el que recuperar la confianza eventualmente demandará mayor rigurosidad técnica y menos anuncios imposibles de cumplir. Un primer paso será tomar conciencia de la seriedad de la situación y cambiar la retórica oficial que solo profundiza la crisis de confianza en la que estamos sumergidos. El Gobierno no debe subestimar el hecho de que malas regulaciones sí pasan factura a la sociedad, al desalentar la inversión que el país requiere.