La urgente lucha contra la corrupción

Según el FMI en una de sus Notas de Debate, “Corruption: costs and mitigating strategies”, la corrupción ha sido identificada como uno de los problemas más importantes que enfrenta el mundo hoy. Para esta institución la corrupción puede socavar la capacidad del Estado para lograr un crecimiento inclusivo.

Eric Uslaner, profesor del departamento de Gobierno y Políticas de la Universidad de Maryland, en su estudio “Confianza y corrupción: sus repercusiones en la pobreza”, señala que por intermedio de la corrupción se transfiere riqueza de los pobres a los ricos. La corrupción, dice Uslaner, es un impuesto adicional pagado por los ciudadanos. Cuando las élites roban del Tesoro nacional, se reduce el dinero disponible para los programas del Estado destinados a redistribuir los recursos. Añade que en las sociedades corruptas los funcionarios de gobierno dedicarán más tiempo a llenarse los bolsillos que a prestar servicios al público.

El estudio de Shack, Pérez y Portugal (2020) concluye que en nuestro país alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se habría perdido en el año 2019 por corrupción e inconducta funcional. Además, el estudio señala que es en obras en inversiones en donde se encuentra la mayor proporción de perjuicio económico y que en los sectores de transporte, educación y salud se concentran las mayores pérdidas.

Combatir la corrupción no es tarea sencilla. El FMI señala que para designar e implementar una estrategia anticorrupción se requieren cambios en diferentes niveles, que incluyen la transparencia, el Estado de derecho y reformas estructurales destinadas a eliminar la regulación excesiva. Pero lo más importante, según el FMI, para abordar la corrupción son instituciones eficaces. Construir instituciones eficaces no es tarea de un solo gobierno. Por eso el objetivo debe ser “el desarrollo de un servicio civil que se enorgullece de ser independiente de la influencia privada como de la interferencia pública”.

En el Perú, lamentablemente no tenemos aún ese servicio civil. Ha habido esfuerzos serios de reforma como la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -Servir- que nació en el 2008 y está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Buena parte de los esfuerzos de Servir se han concentrado en la construcción de un régimen único para los trabajadores públicos. Esto ha fracasado. No existe una carrera pública. Cada vez que cambia un ministro, lo que ocurre con frecuencia, se remueve a buena parte de los funcionarios denominados de confianza.

El actual Gobierno no solo no ha dado señales claras de fortalecer a las instituciones y al servicio civil, sino que por el contrario ha dado señales y tomado acciones en la dirección contraria.

Por ejemplo, existen indicadores crecientes de falta de transparencia y de corrupción: las denuncias contra Bruno Pacheco, nada menos que el secretario general del Despacho Presidencial, por injerencias y presiones al jefe de la Sunat y otras entidades públicas, el hallazgo de la Fiscalía de 20 mil dólares en el baño de su oficina y la falta de colaboración en las investigaciones, no son poca cosa. Sin embargo, a Pacheco en la resolución que acepta su renuncia se le da las gracias por los servicios prestados.

A esto se añaden las reuniones del presidente, supuestamente personales, en la casa de Breña. Algunos arguyen que otros presidentes también lo han hecho. En uno y otro caso la transparencia de los actos presidenciales ha sido violada. Se ha anunciado que no habrá reuniones en Breña. Ojalá así sea.

En el Perú todos los presidentes elegidos por el voto popular desde Fujimori han estado o están enjuiciados y han estado presos o con prisión domiciliaria. Uno de ellos se suicidó para no enfrentar a la justicia. La corrupción no tiene color político, es de derecha y de izquierda. No está asociada al modelo neoliberal ni al comunista. Es transversal a los modelos económicos. No es exclusiva del Poder Ejecutivo, ni de Legislativo ni de Poder Judicial. Es transversal al Estado.

Una vez le preguntaron al alcalde socialista Alfonso Barrantes, creador del programa del Vaso de Leche en la Municipalidad de Lima, si él seguía creyendo en la revolución. Él respondió que en el Perú “un gobierno honesto ya sería una revolución”. Lo que sería una revolución entonces es reducir la corrupción endémica que existe en nuestro país, no solo con discursos o buenas intenciones. Se requiere una política pública con estrategias, objetivos y metas concretas.

Es necesario y urgente empezar con esta revolución si de verdad queremos ayudar a reducir la pobreza y mejorar los servicios públicos.