Gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE)
La economía ha caído 0.5% en este primer semestre como preparándonos para que este año la tasa de crecimiento cierre en alrededor de 1% -el IPE ha estimado 0.8%-, la más baja en 20 años sin considerar el 2020. Y mientras se sigue discutiendo si se cumplen o no los criterios para llamar a esto una recesión o no -que poco o nada le debe interesar a la población vulnerable- dejamos de ver con la profundidad que merece y atender la pregunta más importante que es ¿qué vamos a hacer para retomar una senda de crecimiento con tasas que permitan avanzar en el cierre de brechas y reducir la pobreza?
Mientras el mundo se embarca en la quinta revolución industrial, en el Perú seguimos cada cierto tiempo conversando sobre esas reformas que venimos tejiendo en algunos casos al menos ya dos décadas: (i) el fracaso de la descentralización y lo necesario para su reforma; (ii) la reforma política nacional y subnacional, incompletas por ahora, pero necesarias a fin de fortalecer la democracia; (iii) la estrategia para impulsar la competitividad y la formalización, que aborde reformas estructurales en lo tributario, laboral y administrativo; (iv) la reforma del sistema de protección social, tanto de pensiones y salud; y (v) la modernización de la gestión pública, incluido un servicio civil fortalecido; entre otros.
Y mientras seguimos conversando acerca de estas reformas, donde más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos animamos a hacerlo. Y mientras hemos dejado que se conviertan en políticamente inviables, pareciera ya que la economía - y estos números que muestran una desaceleración incluso a tasas menores que antes de la pandemia- nos está diciendo que hemos hecho al menos dos cosas mal.
La primera es que ya la economía se cansó de que sigamos hablando y lo que requiere son acciones, que estas reformas mencionadas ocurran, menos anuncios y más hechos del Ejecutivo y el Legislativo. Lo segundo es que buena parte de las pocas acciones realizadas en estos últimos años han apuntado hacia el sentido contrario de esas reformas: a favorecer las economías ilegales; en no resolver un balance adecuado entre los poderes del Estado; en no castigar debidamente la corrupción; en hacer más compleja la empleabilidad y la incorporación del 76% informal; en no premiar la meritocracia ni impulsar un servicio civil fortalecido; y en empujar al fracaso el intento de proveer a todos servicios básicos de calidad como salud y educación, en un contexto donde la descentralización, mal diseñada, no funciona.
Entonces, hay que tomar acción, corresponde trabajar en estas reformas. De lo contrario, con crecimientos menores a 2%, el IPE estima que nos tomará al menos 30 años alcanzar el nivel de pobreza prepandemia de 20%. En esa línea, el IPE estima también que cada punto del PBI que dejamos de crecer significa S/ 1,000 anuales menos en promedio en cada hogar del país -dicho de otro modo, la riqueza que no se genera y por tanto que se deja de repartir- y hasta 180mil empleos no creados cada año.
Es probable que este año la pobreza se acerque al 30%, con graves repercusiones en la formación de capital humano. Eso pondrá más cuesta arriba el desarrollo de una democracia más legítima, impulsando más populismo, polarización y posverdad, aspectos que Moisés Naím nos advierte hace buen tiempo que vienen afectando y afectarán nuestra democracia, buscándola debilitar aún más en los años que vienen. Así que, menos palabras y más acción, la economía (y más importante, la población vulnerable) se ha cansado de que sigamos solo hablando.
