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Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión
El Perú se enfrenta a una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente, y la inacción del Gobierno de Dina Boluarte solo agrava la situación. Mientras el Senamhi y otras entidades alertan sobre los riesgos de déficit de caudales que amenazan a más de 47 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), la respuesta del Ejecutivo ha sido, como en otros frentes, insuficiente.
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El impacto de esta crisis se extiende a lo largo y ancho del país. En la región Piura, el suministro de agua ya ha alcanzado niveles históricos de escasez. Los pronósticos indican que, para diciembre, la sequía podría afectar a 13 centrales hidroeléctricas. Esto implicaría una producción eléctrica aún más baja que la registrada entre el 2022 y el 2023, cuando la escasez de agua obligó al país a depender del diésel para generar energía, incrementando los costos de producción en un 27%. ¿Dónde está la estrategia del Gobierno para prevenir un colapso de esta magnitud?
Esta inacción no solo pone en peligro el acceso al agua potable y la producción agrícola, sino que, como advirtió el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, podría derivar en un shock de tarifas eléctricas que descarrile la incipiente recuperación económica del país.
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Castilla explicó recientemente en una entrevista para Cuentas Claras de Canal N que el 50% de la matriz energética del Perú depende de la hidroenergía. Con la sequía prolongada, se reduce la capacidad de generación eléctrica, obligando al país a recurrir a las reservas frías de diésel.
El presidente del COES, César Butrón, ya ha advertido que, si la sequía se intensifica, los costos de generación podrían dispararse hasta los US$220 por MWh, lo que golpearía especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), primeras en sentir el impacto de los incrementos. Mientras tanto, Rafael Laca, especialista en el sector eléctrico, subraya que, aunque los usuarios regulados podrían estar a salvo momentáneamente, las renovaciones de contratos a precios altos propiciados por la crisis los alcanzarán eventualmente.
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El Gobierno de Boluarte no ha mostrado una respuesta proactiva para mitigar los efectos de esta crisis. Las soluciones deben ir más allá de declarar estados de emergencia; es necesario implementar políticas hídricas sostenibles, mejorar la infraestructura de almacenamiento y promover prácticas de gestión eficiente del agua.
La cumbre de APEC 2024 en noviembre representa una oportunidad para que el Gobierno demuestre liderazgo en políticas de sostenibilidad y gestión de recursos. Sin embargo, si las prioridades siguen centradas en la imagen y no en acciones concretas, la crisis hídrica solo será el inicio de una serie de problemas mayores.
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El llamado es claro: es hora de que el Gobierno de Dina Boluarte actúe de manera decidida y estructurada. La crisis hídrica y sus efectos en la agricultura, el suministro de agua potable y la generación eléctrica no deben ser subestimados. Si seguimos en la senda de la inacción, el precio a pagar será demasiado alto, tanto para la economía como para la estabilidad social del país.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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