La agenda de la revolución

Presidenta de la AFIN

La pandemia ajustará muchas cosas. Ya se habla de la “nueva normalidad”. Aunque aún no sabemos en qué consistirá, sí podemos empezar a vislumbrar algunos temas que pronto tendremos que enfrentar en los servicios públicos y la infraestructura que los soporta.

Pongamos algunos ejemplos. Necesitaremos más unidades del Metropolitano por el distanciamiento social: ¿pasará de ser un servicio autofinanciado a uno subsidiado? Sigue siendo urgente tener un terminal aéreo para 25 millones de pasajeros cuando difícilmente llegaremos a esa cifra los próximos años: ¿estarán las líneas aéreas dispuestas a financiar con sus tarifas inversiones que no se corresponden con la demanda actual? ¿Cómo se computarán los plazos y los sobrecostos que supone trabajar con menores aforos y con restricciones operacionales? ¿Cómo replicamos la exitosa experiencia de las asociaciones público-privadas de Essalud para multiplicar un sistema hospitalario cuya cobertura nadie duda que es insuficiente? ¿Cómo impactará a los compromisos de inversión portuaria la menor carga resultante de una crisis económica que podría durar un periodo no tan corto? ¿Cómo desburocratizar y facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que permita una mejor y mayor conectividad a nivel nacional?

La gestión privada de servicios públicos en los últimos 30 años ha permitido avanzar en el cierre de brechas en muchos aspectos. No solo eso, ha convertido a sus usuarios en ciudadanos con conocimiento de cuál es la calidad de servicio que deben recibir a cambio de las tarifas que pagan; pasamos de dolientes usuarios a consumidores exigentes.

No hay duda de que la cobertura y calidad de los servicios eléctricos es resultado de una profunda reforma en el sector que trajo miles de millones de dólares de inversión que dinamizaron la economía, pero también que permitieron que hogares y empresas accedieran a servicios de calidad. Algo similar sucedió con las telecomunicaciones, sector en el que ese consumidor exigente reclama siempre más y mejores servicios. ¡Eso es muy bueno!

Nuestra red vial nacional ya no es un rosario de agujeros gracias a que se estableció un sistema de peajes nacional riguroso, con el que tanto los concesionarios como el propio Estado –en las vías que administra directamente– fondean un mantenimiento adecuado. Los puertos, que han sido claves en la atención de la emergencia, son infraestructuras modernas y competitivas gracias a inversión íntegramente privada. Los aeropuertos también han logrado crecimientos exponenciales en el tráfico de pasajeros gracias al buen desempeño de sus administradores.

Hay muchas historias que contar, que ponen sobre la mesa evidencia de eficiencia y contribución al desarrollo y la competitividad del país.

Sin embargo, los contractos de concesión, que han permitido que esto suceda, son muy estrictos y poco flexibles, lo que constituirá un tremendo reto en esta etapa en la que tenemos que empezar a pensar qué sucederá en uno, dos, tres y cinco años. Ninguna adecuación será posible y oportuna sino logramos avanzar en crear una instancia de revisión de estos escenarios y procedimientos que permitan atender los cambios, adecuaciones y ajustes con transparencia, flexibilidad y rigurosidad económica y social. Hoy no tenemos ninguna organización en el Estado que esté articulando algo parecido y es fundamental hacerlo cuanto antes para no quedar atrapados en contratos que por su rigidez se hacen inejecutables, privando de servicios a la ciudadanía y de inversión a la economía.

Estamos en una situación de fuerza mayor, extraordinaria que, aunque no ha sido y debió ser declarada así, amerita una atención distinta a la de tiempos normales.