Abogado. Profesor de la Universidad de Piura
La inminente promulgación de la llamada Ley Spam, ha generado, las últimas semanas, múltiples interpretaciones jurídicas; pero sobretodo un evidente nerviosismo por parte de los distintos sectores empresariales proveedoras de bienes y servicios, dado el impacto que ésta podría generar.
A puertas de su publicación, no vale la pena analizar la constitucionalidad o no de dicho proyecto normativo, más bien hacer notar que todo este mal rato político de ida y venida entre el legislativo y ejecutivo, así como los distintos análisis de impacto legal y económico por los sectores empresariales impactados, pudieron haberse evitado, de tener claro el alcance de la Asociatividad.
Para nadie es un secreto que desde hace más de veinte años algunos legisladores, con buena o mala intención, mayormente con rédito político, detectan falencias reales o excesos de determinadas industrias, con determinada popularidad y sensibilidad; y durante todo su periodo de representación proponen y promueven normas, que, bajo su punto de vista, solucionaría el aquejo de una “gran mayoría” de peruanos; y para muestra, unos botones a continuación.
Hace algunos años, grandes empresas, aprovechándose de la exoneración tributaria de la ganancia de capital del mercado de valores, se “listaban” en la BVL para hacer transferencias de cuotas de poder; luego de lo cual, se “deslistaban”, evitando pagar el impuesto a la renta correspondiente. Esta situación generó el levantamiento, por parte del legislativo, de una exoneración tributaria, beneficiosa para la democratización del mercado, y que pudo evitarse si los actores involucrados, siendo conscientes de la situación, no permitían dichos “deals”.
Actualmente, la estigmatización de las AFP y su pretendida extinción por la dación de normas que liberan indiscriminadamente los fondos de las cuentas individuales; entre otras tantas medidas, pudo haberse evitado, si desde su creación, se hubiesen definido y establecido lineamientos adecuados para que los trabajadores afiliados a dicho sistema, reciban pensión de jubilación adecuada. Sin embargo, los principales actores de la industria mencionada, sabiendo de sus debilidades y las posibilidades de mejora, no actuaron oportunamente y dieron espacio a que algunos legisladores, desde hace más de una década, acumulen el malestar de los trabajadores impactados, y hoy sean “respaldados” por un grupo no menor de afiliados.
Hoy se repite la misma lógica con las llamadas comerciales; pues los rubros empresariales que utilizan este tipo de contacto para ofrecer sus productos o servicios, siendo conscientes que en algunos casos hubieron excesos, que han llegado incluso al hartazgo de los consumidores, y pudiendo haberse auto-regulado; han guardado silencio por largo tiempo, permitiendo que una ley “salvadora” regule la forma de realizar dichas llamadas, lo cual podría impactar de modo inverso al cliente, al no poder conocer reales ofertas que podrían beneficiarlos, y a su vez limitar el crecimiento de empresas que los últimos tres años vienen sorteando desgracias naturales y políticas con impacto negativo más que demostrado.
En los tres casos comentados, el sector privado se deja “ganar el vivo” por el legislativo, que aprovechando su poder político, emite normas sin estructura, sin análisis costo beneficio, y sin estimación de impacto real en la población, ante la falta de reconocimiento de los excesos e inacción por parte de las empresas privadas afectadas.
Esta dejadez podría atribuirse a un entendimiento parcial de la Asociatividad, la cual no sólo permite fortalecer relaciones entre empresas de la misma región o rubro para obtener beneficios en la provisión de insumos, exportación, reducción de costo entre otros; sino que también debe generar códigos de comportamiento o de conducta que permitan auto-regularse y evitar abusos de sus mismos miembros frente al mercado; es decir, castigar aquellas empresas que tengan la mirada solo en la rentabilidad, dejando de la lado la calidad o la trascendencia del servicio prestado.
Una vez que tengamos claro este alcance, y que las empresas sean capaces de desarrollar de manera completa el concepto de Asociatividad, mejorará la oferta a los consumidores, evitará que el poder político regule inadecuadamente el comportamiento de sus propias industrias, reducirán el costo de la regulación; pero sobretodo obtendrán ese reconocimiento de la comunidad para ser respaldado frente a cualquier abuso del poder político.
