Escribe: Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE.
Las reformas estructurales de los noventa cimentaron las bases de la recuperación del Perú luego de varias décadas perdidas. La expansión económica creó más oportunidades y se tradujo en una significativa reducción de la pobreza y la desigualdad. Desde entonces, el Perú había liderado el crecimiento en América Latina. Sin embargo, la economía ha venido perdiendo capacidad para generar mayores niveles de bienestar, esta debilidad se exacerbó con la recesión del 2023 y la incipiente recuperación en 2024 no cambiará este derrotero.
En ese contexto, enfrentamos el reto de las ideas. Políticos, periodistas, sociedad civil, academia y ciudadanía en general se enfrentan de distintas formas a las “3P” a las que se refiere Moisés Naím como el populismo, la posverdad y la polarización. Algunos buscan unir, escuchar e informar con la verdad; otros buscan lo contrario. Se vio recientemente en el debate alrededor de la aprobación del séptimo retiro de fondos de pensiones. En el alcalde de Lima que miente en redes sociales sobre el Consejo Fiscal. En la presidenta de la República que nos ha compartido una historia difícilmente plausible acerca de los relojes. En las declaraciones del líder del partido político Antauro en Cajamarca.
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Queda por delante entonces menos de dos años para coincidir en algunas ideas claras y compartir ese mensaje con la ciudadanía. El desafío es grande, no solo es necesario conformar alianzas y elegir un presidente que tenga estas ideas claras también, sino que este requerirá de un número de representantes en el Congreso que le permita lograr ciertos consensos alrededor de las reformas que hacen falta. Sin ese relativo balance Ejecutivo-Legislativo, que ocurría hasta antes de las elecciones de 2016, habremos condenado al Perú a hablar en términos de retrocesos: “hemos retrocedido 10 años en pobreza”, por ejemplo.
¿Cuáles son esas ideas?
1. El círculo virtuoso de la economía: más inversión, más empleo, menor pobreza, en democracia. Se requiere de una inversión privada creciendo a doble dígito para impulsar crecimiento, empleo e ingresos, menor pobreza y población vulnerable, y mayor cierre de brechas. Si el Perú se estanca en tasas de crecimiento de 3%, tomaría al menos dos décadas retornar a los niveles de pobreza alcanzados antes de la pandemia. La agroindustria es un buen ejemplo de los frutos de la mayor inversión sobre el empleo: el IPE estimó que, entre 2009 y 2022, la suma de todos los salarios del sector agroexportador creció casi tres veces más que la masa salarial vinculada a la agricultura tradicional.
2. El crecimiento económico llevó a importantes avances sociales, pero el acceso a servicios básicos sigue siendo insuficiente. Entre 1993 y 2022, el acceso al paquete de servicios básicos (luz, agua y desagüe) casi se duplicó, alcanzando el 70%. Sin embargo, ello significa que el 30% de los hogares aún no cuenta con los servicios esenciales, y muestra la gran responsabilidad que tiene la gestión pública para cerrar esta brecha.
3. Más competitividad para seguir creciendo, mayor productividad y menor informalidad. Absorber al gran sector laboral informal, el más vulnerable pues no cuenta con protección social o son subempleados, requiere de reformas estructurales, mayor competitividad y productividad. Es inadmisible entonces, por ejemplo, que solo uno de cada diez niños obtenga puntaje satisfactorio en las evaluaciones de matemática y lectura hechas a estudiantes; y, vinculado a ello, que la anemia prevalezca aun por encima del 40%. Y esos son solo promedios regionales, la realidad a nivel distrital es bastante heterogénea.
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4. El proceso de descentralización necesita reformularse. La convulsión social de 2023 muestra que la descentralización se encuentra lejos de cumplir los objetivos por los cuales fue iniciada en el 2002. Las persistentes brechas de capacidades técnicas y la corrupción han limitado su efectividad. El IPE estima que el número de distritos podría reducirse a un tercio, basado en la normativa que principalmente establece el número de habitantes como criterio para serlo. Es imposible conformar más de 1,800 equipos, uno por distrito, que naveguen exitosamente, sin corrupción, sobre los procesos administrativos necesarios para llevar mejores servicios a la ciudadanía.
5. La inseguridad ciudadana y las economías ilegales no deben ganar la batalla. La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía y el IPE estima que genera pérdidas anuales de más de S/ 1,300 a cada peruano. Por su parte, la minería ilegal se relaciona con otros delitos como el narcotráfico, la tala ilegal y el lavado de activos. Sin embargo, al año solo se destina 50 céntimos a combatirla por cada 100 soles de presupuesto para orden y seguridad. Es imposible una gestión adecuada con una alta rotación en los ministerios del Interior y Defensa, y en la Policía. La única respuesta no puede ser declarar estados de emergencia, hace falta una estrategia.
¿Cómo afrontamos entonces el reto de las ideas? Primero, aprendiendo a escuchar, informándonos y exigiendo que las autoridades rindan cuentas. Segundo, asegurándonos de dar opinión y recibir opiniones con evidencia. Para todo fin práctico, las personas deben aprender que “dato mata relato”.
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