“Incluir en el mismo saco” a todos, no hace más que incentivar la fuga del talento al servicio del Estado

No es posible “cerrar los ojos” ante la existencia de corrupción y de otros ilícitos en el ejercicio de la función pública; por lo que una correcta actuación de la Contraloría General de la República (CGR) es determinante para empezar a corregir el norte. Sin embargo, en la difusión de su actividad de control, esta institución no puede contemplar afirmaciones que permitan desprender que el perjuicio ocasionado al Estado en el 2021 ha sido generado por el personal a su servicio que está identificado en los Informes de Control como “presuntos responsables”, más aún si se tiene en cuenta que estos informes son elaborados por los órganos del Sistema Nacional de Control y no califican como instrumentos determinantes de responsabilidad. Así, las personas involucradas en estos informes son “presuntamente inocentes” hasta que se determine su responsabilidad en el marco de un procedimiento administrativo o proceso judicial, según corresponda.

A pesar de lo señalado, la CGR viene difundiendo en sus redes sociales los resultados de sus estimaciones sobre la corrupción e inconducta funcional correspondientes al año 2021, en virtud a las cuales se observan las siguientes afirmaciones literales:

• La corrupción y la inconducta funcional habrían ocasionado al país pérdidas superiores a S/ 24 mil millones en el 2021.
• Contralor Nelson Shack advirtió que: “La corrupción se hace más fuerte cuando una autoridad o funcionario no sabe gestionar o no sabe tomar decisiones ni disponer acciones”.
• Corrupción e incapacidad de los funcionarios y servidores públicos generaron un perjuicio de más de S/24 millones en el 2021.
• Con estos recursos se habría podido construir dos carreteras centrales, manifestó el contralor Nelson Shack.

Lamentablemente las citadas afirmaciones de la CGR, al estar sustentadas en una “presunta responsabilidad” del personal al servicio del Estado identificadas en las conclusiones y recomendaciones contenidas en sus Informes de Control, y no en la efectiva “acreditación de su responsabilidad en sede administrativa o judicial”; no hacen más que incidir en la errada tendencia de atentar contra el principio de presunción de inocencia o de licitud en sus actuaciones.

En efecto, se puede observar que la CGR califica de “corruptos e incapaces” a servidores y funcionarios públicos, sin ofrecer información respecto a la cantidad de personas que aun siendo incluidas en los Informes de Control como presuntos responsables, de forma posterior al procedimiento administrativo y/o judicial aplicable, han sido absueltos de toda responsabilidad. Esto permite advertir que en los Informes de Control se le da más valor al hecho de “involucrar a la mayor cantidad de personas posibles” como presuntos responsables, en lugar aplicar válidamente el principio técnico de control en su evaluación.

En ocasiones, la falta de aplicación de criterios técnicos en la emisión de Informes de Control conlleva a que muchos buenos servidores y funcionarios públicos estén involucrados – sin fundamento legal válido - en procedimientos administrativos sancionadores y/o en procesos judiciales o penales; en los cuales, además, suele suceder que la defensa jurídica es pagada por el propio Estado, dado que es un derecho que les asiste conforme a ley.

Según lo manifestado por la CGR, “la corrupción se hace más fuerte cuando una autoridad o funcionarios no sabe gestionar o no sabe tomar decisiones ni disponer acciones”; no obstante, ese “no saber gestionar o no saber tomar decisiones ni disponer acciones” bien podría ser aplicado a algunos responsables de la emisión de Informes de Control.

Si bien es cierto que pueden existir malos elementos al servicio del Estado, no se debe “incluir en el mismo saco” a todos, exponiéndolos indebidamente ante el sector privado; dado que este tipo de acciones no hacen más que incentivar la fuga del talento o la fuga del personal idóneo al servicio del Estado.

Finalmente, citando a la CGR, si bien el correcto ejercicio de la función pública por parte del personal al servicio del Estado en el 2021 pudo coadyuvar a “construir dos carreteras centrales”; definitivamente, el “descontrol de la actividad de control de la CGR” tampoco nos traerá soluciones.