Identificación de los casos de acoso judicial como forma de violencia de género

El término acoso judicial se utiliza, en pocas palabras, cuando las denunciantes terminan siendo las denunciadas. En un giro sorprendente, las víctimas terminan siendo denunciadas por sus agresores, lo que las somete a nuevos trámites, constantes y repetitivos exámenes, múltiples audiencias y presentación de escritos, solo con el propósito de afectar a las víctimas.

En el informe, la Defensoría del Pueblo advierte sobre la necesidad de prevenir y erradicar toda práctica de hostilización judicial en casos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar, ya que representan un mal uso del derecho a la justicia y desgastan física y emocionalmente a las víctimas.

El caso analizado por la Defensoría del Pueblo es el de Natalia Manso, quien, después de denunciar a su exesposo por violencia psicológica, terminó siendo denunciada hasta 15 veces por él. Este caso ha producido una afectación directa a sus recursos personales, su uso de tiempo, productividad en el trabajo y una exposición a su salud en un contexto de pandemia.

En el acoso judicial encontramos otros factores que impactan directamente hacia la víctima, como: el hostigamiento, aislamiento, afectación a su autoestima, revictimización, y una gran desconfianza en el sistema de justicia.

Utilizar maniobras legales y la litigación abusiva para el beneficio propio es una figura muy utilizada en nuestro país, sin embargo, el informe también refleja lo que vendría a considerarse como todo un “sistema” dentro del propio sistema judicial, que incluye abogados, psicólogos/as, fiscales, entre otros actores, que dentro del proceso contribuyen de manera directa o indirecta a que el proceso no llegue a su fin.

Según cifras presentadas en Diálogos CIES Perú Sostenible, Javier Portocarrero realizó un análisis sobre la pregunta: ¿Cuál es el principal motivo de que las víctimas de violencia género no denuncien? El primer lugar lo ocupa la percepción que no habrá sanción con el 23.8%, en segundo lugar, la dependencia económica con el 21.4%, les sigue el temor a represalias con el 20.6%. En penúltimo motivo es la desconfianza a las autoridades con el 17.5%, y en último lugar es la presión social y familiar sobre la víctima con el 16.4%.

Mejor respuesta y protección

En ese sentido, el informe de la Defensoría del Pueblo recomienda una actuación inmediata por parte del Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Instituto de Medicina Legal.

Según Ana Neyra, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico, “muchas veces al ser víctimas de violencia, las mujeres deben enfrentar a autoridades (policiales, fiscales, judiciales) que minimizan sus denuncias, no hacen las investigaciones, las revictimizan (obligandólas a repetir exámenes o a dar testimonios en múltiples oportunidades, incluso en presencia de sus agresores). Además, la figura del acoso judicial, si bien existente, no era considerada una categoría de violencia contra las mujeres y, por tanto, no se había pensado en medidas estructurales para combatirla”.

Neyra señala que, debería existir un mecanismo interconectado e interoperable entre todos los juzgados, que pueda identificar la multiplicidad de denuncias y generar alertas; también habría que identificar en la normativa si se puede evitar este mal uso de múltiples domicilios para demandar en diversos lugares. De igual modo, hay que evaluar el rol de los abogados en fomentar o permitir estas prácticas. Sin duda, esta nueva investigación nos debería traer importantes debates para enfrentar este tipo de acoso, desde múltiples enfoques e instituciones.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, la interposición de denuncias y demandas contra las exparejas mujeres en el país es una estrategia también usada regularmente por los padres para hostilizar y evitar cumplir con sus obligaciones.

El asumir una cantidad excesiva de procesos judiciales supone a las víctimas un desgaste físico y emocional, además de representar una inversión de tiempo y dinero, que limita sus posibilidades de producir y laborar en un contexto donde han sido precisamente las mujeres y los niños considerados entre las poblaciones más golpeadas por la pandemia.