Esta es una guerra contra la humanidad. Para los países en desarrollo viene en tres ataques. El primero es fisiológico y está provocado no por una especie extraterrestre sino intraterrestre llamada coronavirus. La defensa está a cargo del Gobierno y sus ejércitos de médicos y militares. Nos toca apoyar a fondo, pero sin descuidar los ataques que se vienen por otros dos flancos, el económico y el social, la depresión y la desigualdad de oportunidades. Estos ataques son arteros y producirán conflictos sociales que harán que nos matemos entre peruanos, provocando así mayores estragos que los fisiológicos.
Un ejemplo es la gripe española que apareció en 1918, duró hasta la gran depresión de 1930 y mató a unos 30 millones de humanos, para luego ser seguida de conflictos sociales y una guerra mundial que juntos mataron a unos 80 millones. ¡Trágico! Pero hay que ir más lejos: durante la década de los 1930 EE.UU. creció mucho más que en los años previos debido, entre otras cosas, a dos grandes innovaciones que permitieron la aplicación de la electricidad a la manufactura y la utilización de motores de combustión interna para impulsar la fabricación de vehículos (1 ). Es decir, que una crisis también puede acelerar el desarrollo económico, tecnológico y social.
¿Y qué tiene que ver esto con el panorama peruano al cual nos enfrentamos? Mucho. Ahora que nos vemos obligados a aislarnos, vamos a depender más de la tecnología, del teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina para diagnosticar y monitorear a distancia. Para todas esas “teles” son indispensables nuestros recursos naturales, ya sea el cobre, que inactiva bacterias y virus; el litio, sin el cual no hay baterías para los carros eléctricos; la plata o las tierras raras, sin las cuales no funcionan ni computadoras ni los paneles solares, y el oro, que seguirá siendo un refugio financiero.
Sobre estos minerales están sentadas grandes compañías formales que emplean 200,000 trabajadores mineros, además de unos 500,000 mineros artesanales —que también son agricultores— con baja productividad, pero con gran capacidad para multiplicar rápidamente sus operaciones y crear empleo. Entonces, ¿por qué no arrancamos? Porque todavía no hay conciencia de que lo que frena el crecimiento económico del país no son los precios de nuestros recursos naturales en China u Occidente sino el hecho de que los formales e informales se están bloqueando entre sí utilizando un amplio arsenal de convenciones internacionales y legislación nacional.
El arsenal legal de los informales
Hoy, aproximadamente 1.3 millones de peruanos indignados por la desigualdad —una cantidad similar a los chilenos marchando en las calles de Santiago— están bloqueando la explotación de alrededor de US$ 1 billón de reservas probadas de minerales, petróleo y gas.
¿Por qué no entra la tropa y desbloquea? Simple: porque no puede. Ninguno se da cuenta de que lo que subyace en esta impotencia son 11 convenciones internacionales acordadas a partir de 1989 para proteger a los débiles, confirmadas por miles de tratados de libre comercio y de inversión cuyas normas se han transformado en vinculantes al incorporarlas en la legislación nacional. En el caso del Perú, hemos identificado más de 1,469 normas legales que permiten que los pequeños agricultores y mineros, que son dueños o controlan la mayor parte de la superficie mineralizada de la tierra, puedan bloquear las inversiones en los yacimientos del subsuelo. De estas, 15 normas derivan del Tribunal Constitucional, 10 de la Corte Suprema, 594 de leyes y decretos legislativos, 680 de 15 decretos supremos, 98 de resoluciones ministeriales y 72 de actos administrativos.
Al igual que el coronavirus, la informalidad traspasó las débiles defensas del derecho formal peruano y ya es parte de él.
El arsenal legal de los formales
A través de los últimos 50 años, desde las expropiaciones de los 60 y 70 y las privatizaciones en los 90, miles de normas hicieron que el sector popular herede la mayor parte de la superficie de la tierra, pero casi siempre con títulos imperfectos. Es decir, sin las certificaciones necesarias para cumplir con las siguientes cuatro funciones:
1. Servir como contrapartida de inversiones, garantía de créditos o evidencia de que los valores, regalías o tokens emitidos para levantar fondos cubran los riesgos de fraude definidos en las normas y prácticas que regulan las bolsas de valores.
2. Ser usada en mercados expandidos para que sus activos puedan salir de sus mercados locales y el valor que contribuyen a un producto exportable sea cotizado en mercados globales.
3. Obtener acceso a la propiedad corporativa y convertirse en dueños de industrias de alta productividad y gran escala mediante la tenencia de acciones u otros instrumentos de propiedad colectiva privada, sin afectar la integridad de sus activos.
4. Cumplir funciones sociales como punto de referencia para identificar focos infecciosos como el coronavirus, rastrear criminales y violadores del medio ambiente, obtener servicios públicos (energía, agua, desagüe, telefonía y cable) o financiar refinerías modestas para sustituir el mercurio.
¿Qué normas se requieren para recuperarnos y prevenir las consecuencias económicas y sociales del coronavirus?
Todas las normas necesarias ya existen, solo que no están organizadas en un cuerpo normativo uniforme sobre la propiedad, sino más bien diseminadas, como agujas ocultas entre tres pajares no convencionales de normas: las reglas que gobiernan la tenencia local, las que empoderan para bloquear y las que permiten formar capital.
Para que las normas sean efectivas —y los títulos informales generen capital y se desbloqueen los recursos— es necesario ubicarlas en los tres pajares, validarlas y alinearlas, conectarlas con los títulos y plasmar el conjunto en un certificado que un underwriter garantizará y una entidad emisora convertirá en un instrumento financiero. Luego un financista recibirá el certificado por su ventanilla de entrada, acreditándolo en sus libros como un activo —ahí nace el capital—, a cambio de lo cual emitirá dinero por su ventanilla de salida, la cual se registrará como un débito —ahí nace la inversión—. Es así como, por un libro de doble entrada, se forma el capital a partir del título informal.
¿Aceptará el empresariado peruano? Claro que sí. Los que se preocupan por el país aceptarán porque deducirán que así nos salvaremos de las nefastas consecuencias que acompañan al coronavirus. Los otros también, sobre todo cuando se enteren que darle estas funciones al sector informal no solo es formalizarlos, sino que puede producirles ingresos de más de US$136,000 millones en valor presente, calculado a una tasa de descuento del 7%.
( 1 ) 2017. Robert Gordon. The Rise and Fall of American Growth.