Hacia una verdadera cobertura de salud

El actual Gobierno insiste en señalar que casi la totalidad de peruanos cuenta con un seguro de salud. Según cifras de Susalud, casi el 70% (alrededor de 25 millones de ciudadanos) ya se encuentra afiliado al SIS; 25% está afiliado a Essalud; 3% a seguros privados; y 2% a los seguros de las FFAA y PNP. Pero estas cifras ocultan los enormes problemas que arrastra el subsector de nuestro sistema de salud.

Según un estudio de Videnza Consultores realizado para Comex Perú, 1 de cada 2 establecimientos del primer nivel de atención no tiene médico; 9 de cada 10 establecimientos de salud no tienen infraestructura ni equipamiento adecuado y 43% de los usuarios que reciben recetas médicas en establecimientos públicos terminan comprando medicamentos en boticas y farmacias privadas. En efecto, el gasto de bolsillo en salud llegó en el 2021 a casi S/ 11,000 millones, de los cuales el 63% (casi S/ 7,000 millones) corresponde a asegurados del SIS o Essalud. Y si hablamos de los tiempos de espera para cirugía, por ejemplo, según reportes de Essalud, este puede llegar hasta casi tres años.

Estos evidentes déficits en el financiamiento y la oferta se encuentran afectando la salud de los ciudadanos. El mismo estudio, al analizar la mortalidad por patologías diferentes al COVID–19 utilizando información de Sinadef, comparando el año 2019 con el año 2021, identificó un 35% más de muertes por cáncer; un 216% más de muertes por enfermedad coronaria aguda y enfermedad isquémica cardiaca; y un 76% más de muertes por diabetes mellitus.

Entonces el SIS o Essalud, que ofrecen cobertura sin copagos o sin deducibles, con cobertura total de medicamentos, material médico e insumos, ¿realmente protegen a sus asegurados si al final los asegurados públicos deben solventar su salud con sus propios recursos o resignarse a integrar las estadísticas descritas? A pesar de las diferentes reformas, las alternativas del Ejecutivo siguen sin ser una solución al problema de fondo. Inclusive, aunque todos los diagnósticos hablen de cerrar la brecha de infraestructura y equipamiento, esa es una solución de largo plazo, más aún si consideramos los tiempos de los procesos estatales.

Si se observa, por ejemplo, que el presupuesto por paciente que maneja el SIS no llega ni a los S/ 100 por año; que el de Essalud llega a poco más de S/ 1,200; y el de las FF.AA. y PNP a los S/ 1,300; podría pensarse que se trata de una enorme brecha financiera. Pero si se considera que el presupuesto completo de la función salud, que incluye todos los niveles de gobierno y todos los hospitales a nivel nacional, llega a más de S/ 31,000 millones por año –poco menos de S/ 1,000 millones de por cada habitante de este país–, es claro que lo que necesitamos es de una reingeniería total en la distribución del presupuesto en salud que gestiona el Estado, asegurando eficiencia en el manejo de los recursos.

¿Y qué viene haciendo la actual gestión de gobierno para resolver esta situación lamentable? Por un lado, crea la Comisión de Alto Nivel para el nuevo Sistema Nacional de Salud que excluye a los actores que conforman el Consejo Nacional de Salud: gremios, sindicatos, colegios profesionales, universidades, financiadores y prestadores privados.

Por el otro, en vez de apuntar a ordenar su propia casa y su propia gestión, impulsa normas de carácter confiscatorio como el DS 006-2022-SA, promulgado en mayo de este año, que busca disponer de forma inconsulta y unilateral de los equipos médicos e infraestructura de los establecimientos privados en casos de emergencia; o plantea, a través del ente regulador, iniciativas que buscan establecer un control de precios del mercado privado de servicios de prestación de salud cuando eso es inconstitucional.

Lo que hace el Gobierno es tan desproporcionado que busca confiscar y controlar la prestación privada que sí cumple con estándares y que atiende al 3% de la población peruana que solventa su salud con sus propios recursos, y no resuelve el problema de sus propios hospitales que deberían atender al 97% de la población, pero que ni siquiera cumplen con los estándares regulatorios que el propio Estado establece.

En pocas palabras, el paciente que se atiende en el sector público y es un asegurado de una IAFAS pública debe resignarse a recibir prestaciones de baja calidad y con riesgo, solventando las deficiencias del sistema con sus recursos. La respuesta, en lugar de resolver el problema de fondo, ofrece propuestas populistas como intentar controlar los precios o los márgenes, obligando a las clínicas y farmacias a asumir los costos de esta ineficiencia, afectando de esta forma a los mismos ciudadanos que deberíamos proteger. Antes de trasladar el problema al sector privado, lo que en realidad debería hacer el Estado es, por lo menos, asumir el costo de atención de sus propios pacientes, independientemente si esta se da en un prestador público o privado, mejorando el acceso a los servicios de salud a través del fomento de redes integradas o innovaciones en la prestación de servicios.

Como se observa, la salud de los peruanos no puede esperar. Antes de buscar el apoyo de la tribuna, debemos demandar que nuestros gobernantes apunten a asegurar una verdadera cobertura de salud, tangible, concreta y oportuna. En estos momentos el Estado debe empezar a mirar al sector privado como un aliado. Por eso, desde la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP) proponemos al Minsa trabajar conjuntamente e invocamos a la actual ministra a no perder su capacidad de rectoría en la salud, poniendo siempre en el centro de las decisiones al ciudadano.