Acceso universal a Internet

La pandemia ha hecho evidente los beneficios de la conectividad al permitir seguir desarrollando un sinfín de actividades económicas mediante el teletrabajo, el comercio electrónico, y las plataformas de comunicación virtuales. Pero también hizo evidente la falta del cierre de la brecha en el acceso a Internet, especialmente para poblaciones rurales y desatendidas. Si bien la brecha se ha ido cerrando, especialmente debido a la mayor penetración del Internet móvil, actualmente un 24% de la población peruana aún no tiene acceso a Internet.

Para cerrar la brecha no se requiere establecerlo como un derecho ciudadano. Tampoco sobrerregularlo o, peor aún, entretener la idea del Estado operador. Lo que se requiere es generar las condiciones para invertir en el cierre de la brecha, y ejecutar mejor el rol subsidiario del Estado en este servicio.

Desafortunadamente, la difícil geografía del país y la dispersión de la población en más de noventa mil centros poblados hacen que los tamaños de los mercados locales de Internet sean pequeños, y que los costos de inversión para llegar a los pobladores sean altos. Ambos factores inciden sobre la poca viabilidad de ampliar el servicio.

La estrategia implementada en el gobierno del presidente Humala a través de la promoción de proyectos de inversión para construir una red dorsal nacional y regional bajo la titularidad del Estado no fue la adecuada. Se invirtió en regiones donde ya existían redes y se asumió que el crecimiento de la cobertura geográfica del sector privado no iba a ser suficiente. Sin embargo, las redes de fibra óptica de los operadores se extendieron de manera significativa, y se produjo un exceso de capacidad con la implementación del proyecto público que provocó un desplome en los precios mayoristas, lo que quitó viabilidad a la red dorsal. En buena cuenta, no se siguió el principio del rol subsidiario del Estado.

Ello muestra nuevamente el despropósito que el Estado haya especificado y apostado por una sola tecnología como solución para el cierre de brechas que en sectores con alta innovación pueden caer fácilmente en un flagrante off-side.

No obstante, la altísima innovación en el sector de telecomunicaciones ha permitido ampliar la cobertura de Internet en los últimos años, especialmente mediante el Internet móvil. Así, la penetración de Internet subió 35% en el último quinquenio. La propia dinámica del mercado y la competencia entre las empresas de servicios móviles se encargarán por sí solas de cubrir la mayor parte de la demanda insatisfecha del Internet móvil. Hay, sin embargo, una agenda pública para facilitar y acelerar este cierre de la brecha de Internet. Básicamente es la asignación y gestión del espectro radioeléctrico, facilitar el despliegue de infraestructura mediante la eliminación de trabas burocráticas y la reducción de los sobrecostos regulatorios.

Algunas tendencias recientes en las innovaciones ofrecen mejores perspectivas. Así, por ejemplo, la figura de operadores móviles rurales que extienden la infraestructura compartiéndola con otros operadores está mostrando un potencial para cerrar parte de la brecha de Internet. Es muy promisoria también la introducción del Internet satelital con el empleo de los satélites de órbita baja. Estos satélites ofrecen una baja latencia en la transmisión, pueden comunicarse entre ellos como una red en tierra y permitirían así que los usuarios muy alejados de las redes convencionales puedan acceder a Internet.

Se requiere retomar el enfoque de aplicar una estrategia de las asociaciones público-privadas que sean neutras respecto a la tecnología y que los factores de competencia de las licitaciones sean basadas en metas de cobertura y de niveles de servicio, focalizar el presupuesto público en cofinanciar el acceso a nivel local en lugares públicos que concentren demanda, y adoptar un mecanismo de compras públicas que agregue efectivamente la demanda del servicio de Internet de las entidades del sector público. La inversión privada juntamente con las intervenciones del Pronatel del MTC, dirigidas para la población de bajos ingresos y de interés social, deberían poder cerrar la brecha de Internet en los próximos años.