Estado contra Estado: los estragos de la Agenda 19

La entrada en vigor del decreto supremo que modifica inconstitucionalmente la ley de tercerización de servicios ha valido una lluvia de medidas cautelares y acciones judiciales para impedir su aplicación. Los recientes fallos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi y su decisión de ordenar al Ministerio de Trabajo y a la Sunafil de abstenerse de aplicar los alcances del cuestionado decreto es una señal positiva ante la centena de medidas cautelares interpuestas. Si bien esta decisión probablemente sea apelada, el país aún tiene instituciones que ejercen sus responsabilidades con rigor y limitan los excesos de una autoridad ideologizada donde los móviles políticos son los que mandan.

Aun cuando la discusión se ha centrado en el impacto negativo sobre la economía y el empleo formal en el sector privado con una afectación potencial que podría alcanzar a 100,000 puestos de trabajo formales, estas normas laborales también pueden afectar la provisión de servicios públicos a la población, especialmente aquellos que brindan las empresas públicas. Alrededor del 20% del personal de las empresas públicas bajo control del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) es tercerizado, incluyendo aquellas empresas a cargo de la provisión de servicios de agua, saneamiento, electricidad, entre otros.

Uno de los casos más notorios es el de Sedapal, una de las estatales que ha interpuesto una acción popular en contra del decreto de tercerización. De hecho, esta empresa tiene una planilla de 2,500 trabajadores y terceriza alrededor de 5,000 trabajadores que brindan servicios de operación y mantenimiento. Según la propia empresa, la eventual incorporación del personal tercerizado a la planilla demandaría recursos adicionales de más de S/ 500 millones anuales, lo que haría que los resultados financieros pasen a estar en rojo.

Es evidente que Sunass no permitirá trasladar a la tarifa de agua estos mayores costos laborales, lo que tendría un impacto muy adverso sobre los planes de inversión para aumentar el acceso a los 800,000 habitantes de Lima y Callao que aún carecen de conexión de agua y saneamiento. En lugar de cumplir las metas de expansión del servicio al 2025, se estaría impidiendo llegar con agua y saneamiento a los hogares más pobres de la capital. Este caso muestra claramente los perjuicios de una norma antitécnica que va en contra del bienestar del “pueblo” que el Gobierno falazmente se jacta de representar.

Situación similar se hace extensiva a las otras 49 Empresas Prestados de Servicios de Saneamiento (EPS) bajo el ámbito de los gobiernos subnacionales, muchas de las cuales se encuentra en una delicada situación financiera. De hecho, 19 EPS se encuentran bajo un Régimen de Apoyo Transitorio destinado a su reflotamiento y demandan cuantiosas transferencias del fisco.

Sin embargo, este no es el único decreto inconstitucional con claros perjuicios económicos. Lo mismo ocurre con el decreto que modifica la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La introducción de un desequilibrio que abarca la libertad sindical, la negociación colectiva, la huelga y el arbitraje de índole laboral no solo generará nuevos conflictos laborales en el ámbito privado, sino también en las entidades del sector público. Si bien la tasa de sindicalización es baja en el país (menos del 10% de la fuerza laboral), esta es significativa en el sector público.

Por ejemplo, en el caso de Sedapal, 60% de sus trabajadores están sindicalizados y anualmente negocian pliegos de beneficios laborales que ahora se verán multiplicados por esta norma. De hecho, lideres sindicales hoy aspiran a dirigir empresas públicas como lo muestra el reciente caso del cuestionado expresidente del Petroperú, responsable de la degradación de la estatal y su deficiente manejo empresarial. De esta manera, el riesgo es significativo de regresar a décadas pasadas cuando el número de huelgas llegaban a picos de 900 cada año con enormes pérdidas de eficiencia.

Es así que el Estado mismo se autoinflige perjuicios. Subestimar el manejo técnico y la importancia de la sostenibilidad financiera es una película que ya hemos visto en el pasado, con una factura que la terminan pagando generaciones de contribuyentes. El Gobierno no pareciera darse cuenta que esta agenda laboral anacrónica no solo precarizará al mercado de trabajo, sino que pone en juego la atención de servicios públicos de los más vulnerables. El Congreso, por su parte, actúa con indolencia al no querer asumir el costo político de ponerle coto a esta andanada regulatoria que solo ensanchará las brechas sociales y continuará sumando al retroceso al que estamos siendo sometidos. Si se quiere generar confianza, las autoridades económicas al más alto nivel deben dar la pelea para reducir la incertidumbre regulatoria en lugar de desgastarse con políticas reactivadoras que no aseguran que se genere la confianza que tanto se requiere. Una posición más clara frente a la perversa Agenda 19 ayudaría a mejorar las deprimidas expectativas empresariales.