Elon Musk, Twitter y libertad de expresión

“Espero que incluso mis peores críticos se queden en Twitter porque eso es libertad de expresión” fue lo que anunció Musk luego de comprar Twitter por la suma de US$ 44,000 millones el pasado 25 de abril. Sin embargo, hay quienes observan este suceso con mucha preocupación debido a que temen que el progreso que había demostrado la plataforma combatiendo las fake news y las cuentas que promueven el abuso y el spam desaparezcan en aras de salvaguardar la libertad de expresión. En este contexto, es preciso preguntarse “¿qué es la libertad de expresión?” y “¿cuál es el rol de las redes sociales para proteger este derecho en el entorno digital?”

Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) señala que la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Además, precisa que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores.

Por otro lado, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y encuentra sus límites cuando colisiona con otros derechos fundamentales como los derechos al honor, dignidad, intimidad, no discriminación, entre otros. Ahora bien, cabe preguntarse si plataformas digitales como Facebook o Twitter pueden cerrar cuentas a usuarios ciudadanos o usuarios políticos por alguna opinión o desinformación en sus cuentas. Karl Popper, uno de los filósofos más destacados del siglo XX, sostenía que uno debía ser intolerante con los intolerantes, de lo contrario, el resultado sería la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia. Sin embargo, la idea de que las empresas tecnológicas -como las redes sociales- controlen el contenido de los usuarios resulta bastante peligrosa pues, una mala aplicación podría ser empleada como argumento para censurar la libertad de expresión y, con ello, poner en peligro la democracia que se intenta proteger.

¿Por qué Twitter cerró las cuentas de Donald Trump y no hizo lo mismo con las cuentas de dictaduras o dictadores? ¿Qué ocurre si las personas que manejan Twitter deciden cerrar la cuenta de los usuarios de Black Live Matters señalando que propagan noticias falsas o abusan de otros usuarios? ¿Dónde establecemos el límite? Cuesta mucho dotar de esta responsabilidad a un ente centralizado. De otro lado, el argumento de que Twitter es una empresa privada y, por tanto, puede hacer lo que quiera es bastante pernicioso porque las BigTech gozan del efecto red y, por ende, no es que existan muchas plataformas alternativas con millones de usuarios. Estas empresas cumplen un rol social bastante importante porque ofrecen infraestructuras de comunicación globales. En tal sentido, ser “juez y parte” puede llevar a la instauración de una especie de “ministerio de la verdad”.

Lo que corresponde es que no exista censura previa, es decir, que ninguna plataforma pueda controlar el contenido que se va a publicar en la red pero, una vez publicado, el usuario asume todas las consecuencias legales de lo dicho y será un juez o un tercero imparcial quien deberá analizar la controversia. Sin embargo, ¿cómo se deben atacar las cuentas que sólo se dedican a crear fake news y difundir informaciones ficticias o fraudulentas a sabiendas de su inexactitud o falsedad? Ciertamente, invocar a la verdad como criterio absoluto puede ser un ene­migo de la libertad de expresión e información puesto que el concepto de verdad es ajeno a la perspectiva jurídica. Entonces, ¿cómo las BigTech pueden ser socios en la lucha contra las noticias falsas sin convertirse en “árbitros de la verdad”?

En mi opinión, se deben identificar claramente a todos los usuarios a fin de evitar que se creen cuentas a través de bots y así responsabilizar a la persona detrás de la cuenta. Asimismo, debe prevalecer la transparencia y, las plataformas digitales, deben estar en la obligación de explicar cómo funcionan sus algoritmos y cómo seleccionan las noticias que se van a visualizar, ya que al filtrar las noticias están afectando al derecho de acceso a la información y debemos tener acceso a la fiscalización de ese poder. Para ello, un código abierto puede ser beneficioso. Finalmente, deberían tener algún canal de denuncias para combatir estas prácticas y quien decida la disputa debería ser un árbitro, tercero imparcial, especialista en temas de libertad de expresión apoyado en verificadores independientes. No cabe duda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Musk tiene un reto enorme porque cuenta con el poder de expandir o limitar la voz de los más de 300 millones de usuarios que hay en Twitter y como bien dice: “La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”.