Sin orden ni concierto

REFORMA CONSTITUCIONAL. Siendo la Constitución la guía normativa de un país, se parte del supuesto que nace para permanecer en el tiempo, Sin embargo, ello no implica que algunos de sus artículos no puedan ser ajustados a lo largo del tiempo, sin que ello implique la necesidad de hacer un cambio total. Tanto así que en el caso peruano la propia Constitución establece cuáles son los mecanismos por los cuales el Congreso puede realizar dichas modificaciones.

Aun así, dado que se trata de la norma que rige los destinos de todos los ciudadanos, los cambios que se planteen deben ser difundidos y debatidos con la mayor amplitud posible y el Congreso debe recibir todas las opiniones y observaciones necesarias para que el cambio se ajuste a las necesidades del país y siga el principio de permanencia en el tiempo.

Lamentablemente, ese no parece ser el camino seguido por la Comisión de Constitución en el caso del proyecto planteado por Patricia Juárez. Si bien ante la opinión pública los temas que más se han publicitado son los referidos a la bicameralidad y la reelección de congresistas, lo cierto es que el proyecto plantea más de 50 cambios que en un principio se buscó aprobar en bloque.

Un argumento que esgrimen los parlamentarios que están a favor de la medida, para apoyar la reelección de congresistas y la bicameralidad –a pesar de que en un referéndum la mayoría de peruanos estuvo en contra–, es que en su momento la población no estaba adecuadamente informada respecto a las implicancias y las consecuencias positivas de la medida. Sin embargo, el poco debate generado tanto en el Congreso como a través de los medios tampoco aseguran que ahora la ciudadanía tenga la información requerida.

Además, siendo estos los dos temas más publicitados de la reforma también se plantean otros como cambiar de dos a tres el número de cuestión de confianza del Ejecutivo para disolver el Legislativo o que el Legislativo pueda destituir a las cabezas del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.

La bicameralidad, bien regulada, puede servir para mejorar la representatividad de todas las ciudades del país, mejorar la calidad legislativa y reconstruir la institucionalidad política que hoy no existe, lo mismo podría decirse de la reelección. Sin embargo, aprobarlos requiere de un debate amplio en el que se informe a detalle todas las aristas de la propuesta y donde no se intente pasar modificaciones bajo la mesa sin mayor sustento técnico y político.