Servir al país

MERITOCRACIA. Tal como recordó Janeyri Boyer, presidente ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), durante su presentación en la CADE Ejecutivos la semana pasada, situaciones como el vía crucis en el que se ha convertido el trámite para sacar o renovar pasaportes, o la incapacidad del Gobierno para comprar urea, nos recuerdan lo importante que es que el personal de las entidades públicas sea seleccionado adecuadamente. Si el Estado no es capaz de desarrollar procesos más modernos y transparentes para lograrlo, con contratos más estables y competitivos que las órdenes de servicio que hoy mal utilizan tanto, será mucho más difícil lograr cualquier avance significativo vía políticas públicas.

Si a este problema –que llevamos décadas arrastrando– se le suma la llegada un Gobierno que parece más preocupado por asegurarle cuotas de poder a sus aliados que en poner en marcha algún plan concreto de desarrollo en cualquier sector, la receta para el desastre queda completa.

En febrero del año pasado, lamentábamos en esta página que tras tantos años desde su anuncio y de la creación de Servir en el 2008, esta tan necesaria reforma haya avanzado tan poco. Para ese momento, apenas ocho de las 2,940 entidades del Estado estaban en la etapa final de transición al nuevo régimen y, 501 más, estaban en etapas previas del proceso; en un país en el que se sabe que el Estado es uno de los mayores contratadores informales.

Frente a ese panorama, Boyer, quien asumió en enero del pasado, ha puesto en marcha un proceso de simplificación de pasos para así acelerar la implementación del régimen en cada vez más entidades. Sobre todo, en un grupo de entidades priorizadas: aquellas más vinculadas con la reactivación económica. El trecho, sin embargo, aún es muy largo.

Pese a todo esto, lejos de intentar ayudar, el actual Gobierno ha dado señales concretas de estar buscando retroceder en esta reforma. El año pasado ya hubo un primer intento fallido de adscribir Servir al Ministerio de Trabajo, lo que le restaría autonomía y haría que las contrataciones estatales dependan aún más que hoy de la buena voluntad del Ejecutivo de turno.

Tras ello, la más reciente afrenta ha sido la creación desde la PCM de una comisión para la reforma de Servir en la que el Gobierno, increíblemente, ha rechazado incluir a representantes del propio Servir. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Si el objetivo es lograr una mejora real, ninguno. Lamentablemente, eso no parece ser lo que busca este Gobierno.