Megaeternos

INVERSIÓN. Mientras el presidente y el premier buscan crear una mayor zozobra al insistir en el enfrentamiento entre peruanos, el país sigue sin lograr avances y los “megaproyectos” de inversión deberían ser rebautizados como “megaeternos”, pues el tiempo que pasa entre que son anunciados y, finalmente, inaugurados, puede abarcar varios lustros. Los ejemplos abundan, pero las autoridades encargadas no escarmientan y no se les sonroja el rostro cuando anuncian, una y otra vez, nuevos plazos para el inicio de las obras o para el término de las mismas. Y la receta que plantean para supuestamente poner fin a los constantes aplazamientos suele tener la forma de leyes o decretos supremos que disponen su “destrabe”, como si una norma legal fuese suficiente para acelerarlos.

Uno de los proyectos más ambiciosos y necesarios para Lima y el Callao es el Metro, pero hasta la fecha solo funciona la Línea 1, cuya construcción y puesta en operación sufrió sus consabidos mega-retrasos. Se pensó que con la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el proceso de construcción de la Línea 2 superaría los obstáculos burocráticos que lastraron a la primera, pero esta entidad nació sin el necesario respaldo político. Y el actual Gobierno intentó debilitarla aún más –el extitular del MTC, el hoy prófugo Juan Silva, pretendió hacer cambios en la directiva como parte de un acuerdo con transportistas informales–.

Y si la ATU no tiene fuerza para actuar, el MTC nunca ha mostrado el compromiso de querer hacerlo. No nos referimos únicamente al último año, en que el manejo de la administración pública ha sido desastroso, en especial en carteras como el MTC, sino de gobiernos previos, que también descuidaron la gestión de los megaproyectos. El resultado, en el caso particular de la Línea 2, es que once obras que debieron iniciarse hace mucho tiempo (hay un desfase de entre 18 y 23 meses) aún no empiezan porque tienen pendiente la aprobación de sus estudios definitivos de ingeniería (EDI). También está pendiente la entrega de predios y liberación de interferencias, entre otros.

Esta información no fue proporcionada ni por el MTC ni la ATU, ni el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), sino por la Contraloría. La reacción de los dos primeros ha sido responsabilizarse mutuamente, mientras que el tercero ha preferido guardar silencio. Estos retrasos afectan la planificación de la obra y, por ende, los cronogramas de trabajo de las proveedoras del concesionario. Estos costos se suman a los que diariamente asumen millones de limeños por no contar con un sistema de transporte rápido y moderno.