Mal momento para “reforma tributaria”

En los últimos 30 años casi todos los ministros de Economía realizaron modificaciones en la legislación tributaria, algunas de los cuales las bautizaron como “reforma”. Los resultados fueron dispares y en la mayoría de los casos se adujo que los cambios eran necesarios y debían ser tasas progresivas, y en más de una ocasión se sostuvo que era para cerrar brechas sociales. Hoy que el gobierno del presidente Castillo presenta una propuesta en ese mismo sentido, hay que señalar que no está descubriendo la pólvora. Es cierto que en el pasado se aprobaron inconvenientemente exoneraciones tributarias para algunas actividades, e incluso para determinadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La racionalización de dichas exoneraciones es un objetivo en el que se avanza muy poco. Asimismo, se realizaron continuas modificaciones de las tasas impositivas sin dar predictibilidad a la política tributaria.

Si bien el pedido planteado desde el Ejecutivo para obtener facultades tributarias tiene algunos planteamientos importantes —como la unificación de los regímenes tributarios de las mypes o la adopción de las recomendaciones de la OCDE sobre cohecho—, lo cierto es que el corazón de la delegación de las facultades es subir las tasas (a las rentas de alquileres, ganancias de capital y a los tramos de altos ingresos de quinta categoría, además de reducir deducciones a rentas altas de trabajadores independientes), así como gravar más actividades. Estas medidas requieren de un amplio debate para analizar no solo su pertinencia, sino también el fondo de las propuestas.

La “reforma” planteada tiene como centro seguir exigiendo más al pequeño grupo de contribuyentes formales (incluidas las personas naturales) que ya cargan con obligaciones tributarias, dejando de lado, como siempre, al alto porcentaje de empresas y personas que aún no tributan. De igual manera, casi se penalizan las rentas de capital, olvidando que el origen de estas son otro tipo de rentas gravadas (tercera, cuarta o quinta categoría). En momentos en que la falta de bancarización ha demostrado ser un problema, el proyecto plantea que sea mejor guardar el dinero bajo el colchón y no hacer nada con él.

Asimismo, no se toma en cuenta la informalidad. Se menciona que el FMI y los países desarrollados plantean mayor pago de Impuesto a la Renta. Eso es cierto, pero se omite señalar que en dichos países el nivel de informalidad no es tan grande como ocurre en el Perú, donde se acerca al 80%, por lo que si una “reforma” va a enfocarse en los contribuyentes de siempre, los resultados no serán más auspiciosos que en el pasado, por más que el Gobierno intente decir que será la primera vez que se llevarán a cabo los cambios que plantean. Lo cual no es así.

Claro que se requiere elevar la recaudación y combatir la elusión y la evasión, pero en la presentación realizada hasta hoy no es explícito cómo se hará, sobre todo en momentos en que más que crecimiento hay un rebote estadístico y la recuperación económica es precaria dada la incertidumbre que la propia administración Castillo, incluido el mandatario, alienta aún en contra de sus propios fines

Uno de los problemas para que una “reforma tributaria” gane legitimidad es que los recursos que se obtienen sean transparente y eficientemente gastados. Ello no sucede así en la realidad. Todo lo contrario, la corrupción en el manejo del erario público es creciente y la ineficiencia campea en todos los niveles de gobierno, salvo contadas excepciones. ¿Cómo demandar el pago de más impuestos sin exigir una rendición de cuentas?. Más aún cuando durante este gobierno el propio Consejo Fiscal ha reiterado ya hasta dos veces su preocupación por una nueva incorporación de recursos en el presupuesto mediante decretos de urgencia, lo cual no es una buena práctica, en tanto no concuerda —como sostiene el Consejo Fiscal— con la institucionalidad, resta transparencia a la política económica y pone en tela de juicio al MEF, que es precisamente el ministerio que pretende una “reforma tributaria”. Ojalá esta práctica sea fiscalizada por el Congreso y se introduzcan correctivos en el Presupuesto 2022 que hoy se debate en el Parlamento.

Hasta ahora la mayoría de los expertos en política pública consideran que no es el momento oportuno de subir impuesto y menos por delegación de facultades. No es que sea inconveniente llevar una reforma, sino que el objetivo parece ser más de medidas aisladas sin un enfoque integral. Curioso es que ahora desde el jirón Junín se apoyen en el FMI y Banco Mundial para buscar respaldo a sus planteamientos, cuando es bien conocido que los que ocupan hoy el MEF son muy críticos con ambos organismos internacionales.

Subir las tasas de impuestos a los pocos que pagan impuestos y cuando la economía aún está en recuperación generará un efecto perverso, pues se reducirá el consumo privado del sector formal y el ahorro- inversión de la clase media. Tampoco ayudará a que se generen nuevas inversiones, lo cual hará que exista menos crecimiento y, por tanto, menos trabajo. Es decir, el Gobierno seguirá incumpliendo con la mayor preocupación de los peruanos.

Por lo expuesto, es un mal momento para llevar a cabo un alza de impuestos como eje central de la llamada “reforma tributaria “. Y peor si se observa que no hay una política clara de gasto y todo obedece principalmente a objetivos políticos. Se desconoce el sustento de cómo se lograrán los S/ 12 mil millones de recursos adicionales y todavía no se tiene claridad en los esquemas que se aplicarán, como lo admitieron desde el propio jirón Junín. Por lo pronto, este anuncio ya generó más deterioro de las expectativas que, por cierto, venían a la baja. Por lo que no es conveniente otorgar facultades en materia tributaria al Ejecutivo, salvo que sean para mejorar aspectos puntuales y permitir que la Sunat facilite el pago de los impuestos así como para extender la base tributaria, lo cual implica, de todas maneras, propuestas para luchar contra la informalidad.