Entre idealismo y fantasía

DESCENTRALIZACIÓN. Tras casi dos décadas de iniciado el actual proceso de descentralización y pese a ser una necesidad del país, no arroja resultados satisfactorios. La pandemia lo demostró con la inoperancia de la gran mayoría de gobiernos regionales. Incluso se tuvo que asumir desde Lima el manejo de la lucha contra el COVID-19 en Arequipa –aunque se debió incluir a más departamentos–. Sin autoridades subnacionales competentes, que por ejemplo no dejen sin ejecutar el 40% de lo presupuestado por canon, sobrecanon y regalías, lo que figure en el papel seguirán siendo buenas intenciones.

Los planes de gobierno de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL) van por la línea de los deseos, aunque en un caso se trata de una propuesta idealista, que requeriría de voluntad política para ser puesta en marcha, mientras que el otro contiene ideas fantasiosas que no parten de ninguna base que refleje la realidad del país. FP plantea algo que parece obvio pero que los sucesivos gobiernos han soslayado: reforzar las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y locales, vía capacitación continua.

Asimismo, FP propone evaluar el desempeño y los débiles mecanismos de recaudación de los niveles subnacionales, aunque peca al creer que la insuficiencia presupuestaria es el único obstáculo de la descentralización. Con todo, estos ofrecimientos son mejores de lo que se realizó durante el régimen de Alberto Fujimori, que heredó un pésimo proceso de regionalización que había iniciado Alan García en su primer gobierno.

Por su parte, PL apunta a cambiar todo (¿para que nada cambie?). Contempla implementar una “República Federal y constitución de Estados federados”, es decir, otorgar un grado elevadísimo de autonomía descentralizada. En esa nueva República, en la que extrañamente seguirá habiendo Gobierno central, los gobiernos subnacionales “tendrían la facultad de grabar (sic)”, recaudar y administrar hasta el 70% de sus tributos. También propone el reconocimiento del Estado “plurinacional”. Todo esto podría atraer a muchos votantes en el interior del país –y a congresistas–, pese a que la experiencia ha enseñado que la autonomía por sí sola no soluciona el problema del centralismo.

Sin embargo, sí se puede mejorar el proceso. Se podría empezar por no llamar “regiones” a los departamentos (nunca dejaron de serlo), impulsar capacidades profesionales y establecer mecanismos de rendición de cuentas para gobernadores y alcaldes, que hoy no existen, y reforzar la presencia de instituciones como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.