CUMBRE PRESIDENCIAL. El bombardeo en Siria, ejecutado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, relegó a un segundo plano cualquier otra noticia el fin de semana, incluida la VIII Cumbre de las Américas. El evento también fue sacudido por el asesinato de los periodistas ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, perpetrado por disidentes de las FARC, que fue un triste recordatorio de que América tiene mucho trabajo pendiente para proteger las libertades. Eventos como el celebrado en Lima buscan salvaguardarlas, en medio de discursos y declaraciones que a menudo terminan siendo letra muerta.
La primera cumbre, realizada en 1994 por iniciativa del expresidente Bill Clinton, tuvo como fin reforzar una de esas libertades, a través del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Han pasado 24 años y esa meta aún no puede ser alcanzada. Es más, el país que la impulsaba en lugar de avanzar está retrocediendo en materia de comercio exterior. En vista de que el ALCA se convirtió en un sueño irrealizable, las últimas cumbres han girado en torno a otros objetivos.
El tema principal de la reciente cumbre fue la corrupción, pero uno de los que más se discutió fue sobre la terrible situación en Venezuela –uno de cuyos orígenes es precisamente la corrupción–. Los jefes de Gobierno firmaron el Compromiso de Lima, un documento de 57 puntos divididos en siete campos de acción. El contenido del documento no es una novedad, pues básicamente refrenda lo estipulado por la Convención de la ONU contra la Corrupción, de modo que lo realmente novedoso sería que los países comiencen a poner en práctica lo que sus mandatarios han prometido.
El Perú, como anfitrión del evento, podría dar el ejemplo. Habrá que ver si el presidente Martín Vizcarra se anima a reforzar uno de los pilares de su Gobierno –la lucha contra la corrupción–, con los compromisos asumidos por él y sus colegas en Lima. Es que el documento parece una lista de las tareas que siguen pendientes para apuntalar la democracia peruana.
Con respecto a Venezuela, 16 países suscribieron un pronunciamiento sobre la crisis que se vive en ese país. Entre los firmantes figuran Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, México y Perú, los que reiteran su apoyo a la Asamblea Nacional y precisan que no reconocerán ninguno de los actos jurídicos que se realicen sin la autorización de dicho Parlamento –como, por ejemplo, las elecciones del 20 de mayo–. La próxima cumbre se realizará dentro de tres años, pero Venezuela no puede esperar tanto tiempo, de modo que habrá que seguir ejerciendo presión sobre el régimen de Maduro.