RIESGOS. Hace un mes, un informe de Moody’s Investors Service advertía que el Perú será uno de los países que experimentará cierto deterioro en sus índices de deuda para el 2019. Esto se deberá al efecto negativo sobre sus cuentas fiscales causado por los choques macroeconómicos del 2015 y 2016. A principios de febrero, el Consejo Fiscal (CF), organismo autónomo que opina y da recomendaciones al MEF, fue un poco más lejos.
En su informe sobre la situación de las finanzas públicas al 2017, estableció que durante los últimos cinco años se registró un deterioro de la capacidad del Gobierno –se entiende que el presente y el anterior– para controlar el gasto y mejorar los ingresos públicos (el llamado “espacio fiscal”), que se ha traducido en un mayor nivel de endeudamiento público.
El CF indica que a lo largo del mencionado periodo, el Gobierno estuvo reportando recurrentemente niveles de gasto superiores a sus ingresos estructurales. Para financiar el déficit resultante, se tuvo que recurrir al endeudamiento –principalmente mediante la emisión de bonos soberanos–, lo que devino en un aumento de la deuda pública: su participación como porcentaje del PBI pasó de 20% a 24.1% entre el 2013 y el 2017.
Ese nivel todavía está por debajo del promedio de países con calificación crediticia similar (47.1%), pero mientras esta tasa ha estado reduciéndose desde el 2011, la del Perú ha ido en aumento. Es más, el MEF proyecta dentro de su plan de “consolidación fiscal”, que la deuda pública llegará a 27.8% del PBI el 2021, lo que significa que el país seguirá endeudándose para poder financiar sus necesidades de gasto, pues los ingresos no serán suficientes.
¿Será sostenible esta situación? Hace diez años, las principales agencias calificadoras de riesgo otorgaron la categoría “grado de inversión” a la deuda de largo plazo del Gobierno peruano. A diferencia de lo ocurrido con algunos países vecinos, ese rating ha ido mejorando, gracias al bajo nivel de endeudamiento público, la estabilidad macroeconómica y el manejo fiscal prudente.
El peligro que identifica el CF es que un mayor deterioro del espacio fiscal “incrementará la percepción de riesgo de los agentes financieros sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y, con ello, un mayor costo de financiamiento para el Gobierno”. El informe subraya que el resto de agentes económicos también se vería perjudicado, lo que reduciría el crecimiento del PBI de mediano plazo. Entonces, no queda otra salida que elevar la recaudación (Aparte de mejorar la calidad del gasto). El misterio que el MEF no logra resolver es cómo hacerlo.