Una necesaria revisión

TERCERIZACIÓN. Se quedó pendiente en la agenda del Congreso el debate de los proyectos de ley que buscan derogar el Decreto Supremo 001-2022-TR, que restringió el uso de la tercerización laboral al prohibir su uso para actividades “nucleares” y complementarias, y es que aunque el ministro de Trabajo busca defender con “uñas y dientes” la norma, lo cierto es que la realidad está demostrando que la aprobación de dicho decreto se realizó sin mayor análisis, eso a pesar de que los especialistas del MEF ya habían dado su opinión en contra.

Lamentablemente, la defensa cerrada que en materia laboral se viene haciendo de la “Agenda 19″ planteada por el exministro Íber Maraví –y que ha sido seguida por todos sus sucesores, incluyendo al actual titular del MTPE, Alejandro Salas–, tiene como base factores ideológicos y móviles políticos antes que la búsqueda de una mejora en el plano laboral para trabajadores y empleadores. Siendo así, la idea detrás de la norma es que solo las grandes compañías la usan y lo hacen para el “abaratamiento de los costos laborales afectando los derechos de los trabajadores”. Este pobre sustento olvida que incluso las empresas públicas bajo control del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) utilizan la figura y que el cambio normativo afectará no solo económicamente las arcas del Estado, sino que podría afectar la prestación de algunos servicios, pues alrededor del 20% del personal de dichas empresas es tercerizado, incluyendo las que tienen a su cargo la provisión de servicios de agua, saneamiento, electricidad, tanto en Lima como a nivel nacional.

La norma tiene tantos efectos negativos que en su momento no solo se opuso el MEF sino también el titular de Energía y Minas, y hace unos días el ministro Kurt Burneo dijo que desde su despacho están evaluando la norma. Sin embargo, queda claro que una oposición directa a la misma sería muy complicada para el inquilino del jirón Junín, pues el ministro Salas no solo acudirá al Congreso para defender el decreto, sino que, incluso, no ha dudado en criticar el accionar de Indecopi que, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ordenó la inaplicación del mismo.

No cabe duda que el ministerio debe evitar y sancionar los excesos que cometen las empresas, pero en este camino no puede caer en el extremo de perjudicar la generación de empleo y el desenvolvimiento de las actividades económicas. Está en manos del Congreso corregir el error.