CONGRESO. El domingo pasado, un reportaje de Panorama reveló que cuatro congresistas de diferentes bancadas utilizaron pasajes pagados por el Congreso para viajar por Año Nuevo, pese a que fueron días no laborables y no hubo semana de representación. Según El Comercio, solo entre los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre, el Congreso ha gastado más de S/414 mil en 32 viajes para congresistas. Aún no se publica la información de setiembre y enero.
En principio, que los congresistas viajen a ejercer funciones en otros países no tendría por qué ser un problema. Si bien es algo excepcional, ya que la naturaleza de la labor parlamentaria exige que esta se ejerza principalmente en el país al que se representa; es verdad que existen eventos internacionales en los que participan parlamentarios de varios países y que pueden eventualmente ser provechosos. El problema surge cuando los congresistas olvidan que su deber es ser transparentes y rendir cuentas cuando realizan este y cualquier otro tipo de gasto. O, peor aún, cuando utilizan los recursos que se les han asignado sin un mínimo criterio de responsabilidad.
Este último sería el caso del congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, uno de los cuatro que solicitó un pasaje para las fechas de Año Nuevo. Cuando se le preguntó por el motivo del viaje, Cruz respondió primero que lo hizo “por motivos familiares” (aunque luego afirmó que fue por “actividades deportivas”, sin dar más detalles). Pero además de él, los congresistas Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Esmeralda Limachi (Perú Democrático) y Ronsangella Barbarán (Fuerza Popular), también hicieron viajes en esas fechas y se mostraron reacios a dar explicaciones claras de los motivos de sus viajes ante las preguntas de la prensa. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), tuvo una actitud similar en una entrevista televisiva, e incluso llegó a afirmar que como congresista “no tienes que dar explicaciones de qué haces con esos pasajes”.
Lo dicho por Alva no es cierto. La ley sí exige altos estándares de transparencia para todo gasto público. Pero, además, el Congreso tiene la obligación moral y política de manejarse con transparencia y responsabilidad (lo que, por cierto, también se quiebra con decisiones como elevar el gasto de los almuerzos de congresistas de S/10.59 a S/80 sin ninguna explicación y en medio de un contexto de crisis). Que en el Congreso no tengan esto claro explica, en buena parte, su nivel de popularidad.