Sin solución a la vista

CONFLICTOS SOCIALES. La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información de la PCM ha registrado 111 conflictos en el mes de febrero, un incremento con respecto al mes anterior y casi la mitad de ellos están escalando progresivamente. Es verdad que varios de estos conflictos vienen desde hace varios años atrás. Sin embargo, el presidente Castillo, que se dice cercano al “pueblo”, no parece estar trabajando para resolverlos.

Casi el 57% de los casos están vinculados al sector minero, y aunque en los últimos meses el Gobierno ha intentado trabajar en ellos, lo real es que solo ha buscado soluciones puntuales que ni buscan resolver el problema de fondo, lo que genera que se vuelvan a activar apenas unas semanas después.

Es importante que desde el Gobierno se examine cada conflicto y se establezcan cuáles son los reclamos con un sustento real y atendible y cuántos son solo una forma de ejercer presión contra la inversión privada por parte de agitadores que utilizan a las comunidades con ofrecimientos irrealizables.

Sin embargo, algunos sectores del oficialismo, e incluso al interior del Gobierno, prefieren culpar a la Constitución o al modelo económico, sin ofrecer salidas viables, sino apenas mesas de diálogo que no son efectivas y solo sirven para hacer ofrecimientos que no se pueden cumplir, pero que generan falsas expectativas que luego enervan los ánimos de la población haciendo escalar los reclamos.

Lamentablemente, todos estos conflictos, a pesar de estar monitoreados tanto por la PCM como por la Defensoría del Pueblo, no reciben la atención que requieren desde sus inicios. Los mayores ausentes son tanto los ministerios como los gobiernos regionales que deberían ser los primeros llamados para hacerle frente a la situación y tratar de encaminar las exigencias antes de que el conflicto escale y se llegue a situaciones extremas como bloqueo de carreteras. Una medida, por cierto, que es usada en demasía, y que si bien genera que se ponga atención al problema, está demostrado que no aporta para su solución y solo termina perjudicando al resto del país.

Por el contrario, todas las instancias de gobierno dan la sensación de no querer bajar el nivel de conflictividad como si sintieran que mantener vivos los conflictos, sobre todo aquellos que están vinculados a actividades productivas y sectores económicos, los ayuda a cumplir su agenda.