Seguimiento y fiscalización

PODER LEGISLATIVO. Ya culminó la instalación de las comisiones ordinarias del Congreso, siguiendo el acuerdo en el reparto de las presidencias de las diversas comisiones. La mayoría también ha definido a los integrantes de su mesa directiva y la forma en que llevarán adelante las sesiones.

Sin embargo, el verdadero trabajo aún está por comenzar y estos nuevos congresistas no deberían olvidar que la labor del Poder Legislativo se divide básicamente en dos funciones. Una es la función legislativa, y eso requiere trabajar con asesores capacitados para poder proponer sus ideas y que realmente respeten la norma constitucional que precisa que no tienen iniciativa de gasto. Hay que hacer hincapié en este punto pues en el pasado es de lo que siempre adolecen las iniciativas de la Plaza Bolívar.

Al respecto, un tema no menor es la capacidad de los asesores que se contratan, pues en más de una ocasión su rol termina siendo más importante que la labor del congresista. Sin embargo, sobre estos asesores no existe ninguna fiscalización.

Pero es la otra función del Parlamento la que hasta ahora no es entendida cabalmente por ningún Congreso anterior y que resultará vital en el periodo actual. Esa es la función política de fiscalización frente a los otros poderes del Estado. Por lo general, esta labor es usada solo con la intención de generar titulares, y por ello o se cita a los ministros solo para interpelarlos, buscando la censura, o se les convoca todas las semanas interfiriendo en sus labores. El tema primordial no es solo hacerlos acudir al Parlamento, pues en repetidas ocasiones los ministros van y exponen respecto a las acciones que llevarán a cabo, pero los parlamentarios no les hacen el seguimiento correspondiente. En el pasado se han visto largas sesiones que luego pasan al olvido.

El Parlamento no es una mesa de partes del Poder Ejecutivo, y les corresponde a los congresistas trabajar seriamente para controlar y poder confirmar que los ministerios cumplan con los ofrecimientos y el trabajo en beneficio de todos los ciudadanos. La experiencia del país muestra que, así como se le pide a la Contraloría hace una labor de control concurrente, la misma labor concurrente debería cumplir el Parlamento, de tal manera que no se tenga que esperar meses o incluso años después de ocurridos los problemas para conocerlos o corregirlos e incluso sancionar políticamente a los responsables.