Que sea un debate técnico

PRESUPUESTO. Los continuos destapes, investigaciones de la Fiscalía, ampliaciones de esas investigaciones y demás escándalos que caracterizan a la política nacional, están quitándole atención a las responsabilidades económicas del Gobierno y del Congreso, la principal de las cuales es el debate y aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto Público 2023. En realidad, son tres proyectos, pues al mencionado se suman los de las leyes de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento Público. Ese paquete legislativo deberá ser aprobado por el Legislativo a más tardar el 30 de noviembre.

Sin embargo, habrá que suponer que las bancadas recién comenzarán a ocuparse del asunto tras las elecciones regionales y municipales, pues como se ha podido constatar en los audios de César Acuña y compañía, ahora la atención está centrada en los votos que se emitirán el próximo 2 de octubre. Otra novedad en torno al tema es que sería la primera vez que el presidente del grupo de trabajo parlamentario encargado de coordinar el debate (la Comisión de Presupuesto), está siendo investigado por la Fiscalía por cohecho activo y organización criminal, y por lavado de activos.

Se trata de José Luna Gálvez, quien además es acérrimo opositor de la reforma universitaria –tiene intereses en una que no recibió licenciamiento–. La comisión que preside también es la encargada de revisar los decretos de urgencia que el Ejecutivo emite (¿se animará a chequear los que ha aprobado el presidente Pedro Castillo?) y otras iniciativas como las propuestas para crear distritos y provincias. Eso significa que se trata de una comisión que tiene que ser dirigida con transparencia e independencia. Pero medidas cuestionadas como la exoneración del IGV a alimentos o la ya vigente reducción de 18% a 8% del IGV a restaurantes y alojamientos, muestran que el trabajo técnico brilla por su ausencia.

Volviendo al proyecto de presupuesto, el monto propuesto por el Ejecutivo es S/ 214,790 millones, superior en 4% en términos reales al de este año. No obstante, se trata de un monto referencial, pues nunca se llega a gastar todo, siendo el principal factor de ese incumplimiento la mediocre capacidad para ejecutar lo presupuestado, sobre todo en materia de inversión o de gastos para emergencias (como ocurrió con el dinero asignado para combatir el covid-19 y nunca se usó). La inversión pública que se llega a ejecutar equivale al 69% del total presupuestado para ese fin, y empeora en los años en que asumen nuevas autoridades. ¿Se repetirá la historia el próximo año?