Que no quede en el papel

FISCALIZACIÓN. Evaluar la gestión, la captación y el uso de los recursos por parte de las entidades del Estado es la labor de la Contraloría General de la República y recientemente su titular, Nelson Shack, informó los resultados en el último año. Así, se ha detectado a 7,740 funcionarios públicos que incurrieron en presuntas irregularidades penales, civiles y administrativas durante el 2021, además, de un perjuicio económico contra el Estado de 2,502 millones de soles. Asimismo, entre los periodos 2019 y 2021 se identificó a un total de 94 autoridades del gobierno nacional, regional y locales, cuyos parientes habrían contratado con el Estado, pese a estar impedidos por la Ley de Contrataciones.

Sin embargo, aunque importantes, estos informes de control podrían caer en saco roto si la Contraloría no cuenta con las herramientas necesarias para poder sancionar administrativamente a los responsables y otorgar toda la información que requeriría la Fiscalía para iniciar los procesos penales. Si eso no ocurre todas estas conclusiones quedarían solo en el papel.

En manos del Congreso está someter a votación el proyecto de ley que le permite a la Contraloría levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios que manejan recursos públicos y que están siendo investigados.

Asimismo, Shack declaró que su institución enviará proyectos de ley para hacer algunos cambios tanto en la Ley General de Sociedades como en la Ley de Contrataciones Públicas a fin de tener información más actualizada y transparente.

Pero esas no son las únicas irregularidades puestas de manifiesto por la Contraloría, pues también ya evalúa la idoneidad de los funcionarios nombrados por el actual Gobierno, a tal punto que sus conclusiones han generado el cambio de algunos de los nombrados. Sin embargo, más allá de casos aislados, se requiere un servicio civil de carrera y meritocrático, y mientras que eso no se resuelva, todos los esfuerzos serán limitados.

Pero todas las propuestas del contralor requieren de un acuerdo político y, al parecer, sin importar la bancada a la cual pertenezcan, los parlamentarios no están interesados en mejorar y hacer más eficientes los sistemas de control. Los problemas detectados no son nuevos y el Gobierno actual repite el camino seguido por sus antecesores. No en vano, Petroperú, tratando de dar visos de buena conducta, pretende hacer creer que la licitación con Heaven Petroleum contó con el control concurrente de la Contraloría, cuando lo cierto es que los buscaron muy tarde.