Proceso fallido

DESCENTRALIZACIÓN. En menos de diez días, dos gobernadores regionales fueron detenidos por presuntos actos de corrupción. Se trata de Elmer Cáceres Llica (Arequipa) y Agustín Luque Chayña (Puno). El caso de este último es singular, pues en el 2020 reemplazó a Walter Aduviri, sentenciado por el “Aymarazo” –protestas violentas contra la minería, el 2011–. Con estos dos, son siete los que no ejercen el cargo, entre ellos uno con sentencia que está prófugo (Tumbes), uno con arresto domiciliario (Lambayeque) y otro con impedimento de salida del país (Callao).

En total, 18 están siendo investigados, lo que significa que son una minoría (siete) los que estarían desempeñando sus funciones respetando la legalidad, aunque cuando se trata de gobiernos regionales, en cualquier momento pueden surgir sorpresas. Y cuando no se trata de (presuntos) actos delictivos, su incapacidad se refleja en la mediocre ejecución presupuestaria, en especial en inversión pública. Según cifras del MEF al 21 de octubre, siete gobiernos regionales habían destinado menos del 40% de su presupuesto asignado a proyectos de infraestructura y servicios básicos. Puno tiene la menor ejecución (29%).

El gran problema es que se han transferido competencias pero no capacidades, una debilidad que la Contraloría desnuda casi todas las semanas. Sin embargo, no se corrigen los errores y se prefiere culpar a las autoridades de Lima. Lo irónico es que hay gobernadores que piden más dinero, el que terminará depositado en el Banco de la Nación. Quizás por ello el déficit fiscal disminuye y el MEF les asigna más porque sabe que no se van a gastar.

La clamorosa falta de capacidad funcional se hizo más evidente con el desastroso manejo de la pandemia en muchos departamentos –incluso el Minsa tuvo que asumir directamente esa tarea en Arequipa–, que ahora se replica con el lento avance de la vacunación, que está a cargo de las direcciones regionales de salud: solo seis departamentos tienen a más del 70% de su población objetivo vacunada.

Aunque suene lejano, cada vez se hace más imperioso cambiar el modelo de la regionalización. Hay que replantear el esquema, y esto requiere una decisión política que ni el presidente Pedro Castillo ni el Congreso parecen interesados en tomar porque practican clientelismo político con los gobernadores regionales, como también lo hicieron otros presidentes y congresos en el pasado. Por ello, cualquier discusión que apunte a la descentralización fiscal es muy peligrosa y no debería dársele luz verde mientras el esquema actual siga vigente.