Pateando el tablero de la inversión privada

“No hemos venido a ahuyentar los capitales, las inversiones; vamos a invertir al Perú con confianza, sin dudas y sin temores (…) Este gobierno no ha llegado para expropiar a nadie, saquemos eso de la cabeza, es falso”, fueron las palabras del presidente Pedro Castillo ante los inversionistas en Estados Unidos. Sin embargo, las posteriores declaraciones del mandatario y sobre todo sus acciones y las de su gabinete dentro del país es muy diferente a lo declarado afuera. En los últimos días, cuatro hechos tiran por el suelo las declaraciones realizadas en Estados Unidos y dejan en claro el poco interés que tiene el gobierno en apoyar y apoyarse en la inversión privada para lograr el crecimiento que el país necesita.

El primero: el ministro de Economía, Pedro Francke, declara que el proyecto de Tía María no es viable, a pesar de que meses atrás el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, declaró a Reuters que el proyecto podía materializarse si Southern Copper lograba resolver el problema de la licencia social. A pesar de ello y sin haber conversado con la empresa, Francke declara su inviabilidad. El segundo: nuevamente el ministro de Economía lanza un controvertido mensaje al sostener que harán todo lo que esté a su alcance para cobrar las deudas tributarias, no sin antes poner bajo tela de juicio el derecho que tienen los contribuyentes para reclamar frente a las acotaciones que la Sunat realiza, atentando así contra la seguridad jurídica de todos los contribuyentes, no solo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y de las personas naturales.

El tercero: el Ministerio de Agricultura crea una comisión para la segunda reforma agraria, pero de primera instancia no convoca a nadie del sector privado, y si bien el gobierno ha dicho que no se va a expropiar, el impulso a la agricultura familiar requiere sumar esfuerzos no dividirlo. Solo ante las criticas, cuatro días después, decide invitar a los gremios privados al grupo de trabajo.

“El comportamiento de varios de los ministros y del propio mandatario dejan en claro que no se trata de exabruptos aislados, es claro el poco interés que existe en este gobierno por respetar el Estado de derecho”.

Y para cerrar la semana, el cuarto caso viene de parte del titular de la PCM, Guido Bellido, quien olvidando que vive en un Estado de derecho convoca al Consorcio de Camisea a renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, pero lo hace con un arma sobre la mesa: amenazando con que, de no concretarse la renegociación, “optaremos por la recuperación y nacionalización de nuestro yacimiento”. Las palabras de Bellido han tenido que ser “suavizadas” por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien si bien sostiene que la mayoría del gabinete está a favor de renegociar el gas de Camisea, reconoce que no puede haber “nacionalización unilateral por parte del Estado. Eso solo sería posible como consecuencia de una renegociación, si es que las partes se pueden poner de acuerdo al respecto”. Anoche Castillo esperó casi todo el día para decir que la renegociación se hará “con el respeto irrestricto al Estado de derecho” ¿por qué espero tantas horas para difundir su tuit?

Si bien los casos de Tía María y de Camisea le competen directamente al ministro de Energía y Minas, Iván Merino, este prefirió mirar al costado con un tuit donde llama a buscar consensos, pero no deslinda ni ratifica lo dicho por Bellido. Por su parte, la vicepresidenta Dina Boluarte, sostuvo que los lineamientos los dicta el presidente Pedro Castillo, pero él, como ya es su costumbre, calla en todos los idiomas posibles, ratificando, una vez más, la percepción ciudadana de desgobierno. A pesar de que hace una semana ya adelantó que “nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos”.

Día a día se evidencia un escenario de polarización y confrontación con la inversión y eso debe ser una voz de alerta para todo el sector empresarial que, en algunos casos, se ha mostrado tibio con el gobierno. No se trata de enfrentarse, pero es necesario demostrar firmeza frente a propuestas trasnochadas que ponen en riego el Estado de derecho, como ya lo han dicho algunos representantes de gremios empresariales.

El comportamiento de varios de los ministros y del propio mandatario dejan en claro que no se trata de exabruptos aislados, es claro el poco interés que existe en este gobierno por respetar el Estado de derecho. Todos los acuerdos son revisables, pero los contratos son ley entre las partes, por lo que es indispensable llegar a consensos y la manera correcta de hacerlo no es usando amenazas. Por otro lado, si bien todos los contribuyentes, personas naturales y jurídicas tienen la obligación de pagar sus tributos, también tienen el derecho de plantear sus discrepancias con las acotaciones que pueda realizar la Sunat.

Si este comportamiento se da cuando las leyes y la Constitución no avalan estas declaraciones, es muy peligroso pensar qué podría ocurrir si el gobierno y su partido insisten en su propuesta de elaborar una nueva carta magna a través de una Asamblea Constituyente. Sobre todo, porque la vicepresidenta afirma que todo el capítulo económico debe ser cambiado.

Los miembros del gobierno en lugar de buscar los caminos para reducir las brechas existentes y mejorar la situación de los peruanos, están atizando las diferencias, aumentando la polarización y planteando medidas populistas que generan beneficios de corto plazo, pero que, tal como lo ha vivido antes el Perú, generan graves problemas económicos de mediano y largo plazo.

Semana a semana las proyecciones respecto a la economía nacional son más pesimistas, ya casi nadie habla de cifras de crecimiento para el próximo año. El BCR de manera conservadora plantea un 0% de crecimiento para el 2022, mientras que otras entidades como Credicorp Capital ya hablan de una caída de 0.7%. En este escenario los esfuerzos del gobierno deberían estar centrados en reducir la incertidumbre política para mejorar la posibilidad de recuperar la economía, y eso no está sucediendo, no en vano el BCR –cuyo presidente aún no ha sido ratificado– ya anunció que en el último trimestre de este año el crecimiento será de solo 0.2%. Aun cuando mejoren la recaudación tributaria si no consiguen que las empresas que hoy trabajan en el país sigan invirtiendo y atraen nuevos inversionistas, ninguna medida será sostenible en el tiempo y los únicos perjudicados serán los ciudadanos, ejemplos en el Perú y en la región, hay muchos.

Lamentablemente, los hechos muestran que el gobierno está decidido a patear el tablero de la inversión privada privilegiando sus objetivos políticos a los del país.