Pandemia e informalidad

CAMBIOS URGENTES. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Perú, Colombia y Chile serán los países latinoamericanos menos golpeados por la recesión provocada por la pandemia. Y proyecta que estos mismos países tendrán una mayor reactivación económica en la región, en el 2021 . En el caso peruano, la explicación de esta relativa buena posición es la estabilidad macroeconómica, que los sucesivos gobiernos respetaron rigurosamente a lo largo de las últimas dos décadas.

Gracias a esa prudencia y disciplina fiscal y monetaria, el actual Gobierno ha podido diseñar un plan de contención y reactivación que dice que es equivalente al 12% del PBI, y que colocar bonos globales por US$ 3,000 millones en condiciones que muchos países latinoamericanos no podrían obtener. La deuda peruana tiene “grado de inversión”, el mayor rating posible, debido precisamente al permanente manejo responsable de las cuentas macroeconómicas.

Lamentablemente, esa visión de largo plazo no ha sido replicada por el resto del Estado. Las grandes reformas estructurales que faltaban hacer nunca fueron priorizadas y los escasos y desarticulados intentos de los gobiernos de turno por abordarlas –en particular las emprendidas por el de Ollanta Humala–, no encontraron la capacidad, iniciativa o ganas, de quienes debían encargarse de implementarlas.

La crisis generada por el covid-19 ha sacado a la luz todas las carencias e ineficiencias que arrastra el aparato estatal, que no han mejorado sustancialmente y no son las apropiadas para un país que está categorizado como de ingresos medios. La precariedad del sistema de salud pública es la más saltante (y trágica), pero también hemos visto la inoperancia de las autoridades, la desconexión del Congreso con la realidad –acaba de aumentarse su presupuesto– y las perniciosas consecuencias de la informalidad.

El Perú ha logrado una buena posición fiscal a pesar de tener una base tributaria muy baja, comparada con otros países con el mismo nivel de ingresos. Resulta irónico que las empresas más denostadas sean las que soporten la mayor carga fiscal, pero lo más preocupante es que se considere que “informal” sea una condición aceptada y aceptable.

Los problemas para distribuir la ayuda a la población vulnerable se explican en gran medida por la invisibilidad que genera la informalidad; el registro que se utilizó para identificar a beneficiarios fue elaborado en el 2013 y nunca fue actualizado. Aunque parezca imposible, esta situación tiene que cambiar.