Nos cuesta a todos

CRISIS. La inestabilidad política que vive el país desde hace seis años ha estado teniendo serios costos económicos. Esos costos se han exacerbado desde que se inició el Gobierno del ahora vacado Pedro Castillo –el Congreso y sus leyes populistas también han estado jugando en contra–. La perspectiva de la economía peruana se ha deteriorado, ante la ineptitud de la mayoría de funcionarios que entraron a la administración pública en esos 16 meses de descalabro, carentes de experiencia profesional y, en muchos casos, con cuestionables antecedentes personales.

Las protestas violentas que se iniciaron en varios departamentos ni bien juramentó la presidenta Dina Boluarte, están acelerando la acumulación de esos costos, y los principales afectados son los peruanos de a pie: el “pueblo” al que Castillo y su gente clamaban representar y defender. Desde los pasajeros que quedaron varados en buses debido a la toma de carreteras –entre ellos profesores que el fin de semana acudieron a rendir exámenes, convocados por el Minedu–, hasta los pequeños agricultores que están viendo cómo su producción se pudre en el camino, pasando por las familias en las ciudades, que ante el desabastecimiento de artículos de primera necesidad tendrán que afrontar un nuevo aumento de sus precios. También se prevé escasez de combustibles en las zonas afectadas por los desmanes.

Y si durante el Gobierno de Castillo se hostigó sin descanso a la empresa privada, los protestantes han tomado la posta. Han incendiado instalaciones y equipos en varias ciudades, tomaron aeropuertos y amenazaron a pequeños comerciales para que se sumen a las marchas y a las agroindustriales con ingresar a sus plantas –un número de ellas ha optado por no operar estos días–. Las empresas mineras, que han figurado entre las más perjudicadas los últimos 16 meses con tomas y paralizaciones forzadas, se hallan en alerta. Tampoco han faltado agresiones a periodistas y medios de comunicación.

El MEF estima que las pérdidas diarias provocadas por la violencia se sitúan entre S/ 60 millones y S/ 100 millones. Pero las consecuencias económicas serán mayores: La agencia calificadora Standard & Poor’s no tuvo que esperar mucho tiempo para rebajar de “estable” a “negativa” la perspectiva crediticia del país, luego que en octubre la mantuviera inalterable. Parece que nada de esto importa a los protestantes –las innecesarias muertes de seis jóvenes tampoco–, pero cuando se lleve a cabo el recuento de los daños, los responsables tendrán que ser detectados y castigados.