Mayor celeridad

ANTICORRUPCIÓN. Desde que en diciembre de 2016 la empresa Odebrecht reconoció el pago de sobornos en el Perú la labor de la Fiscalía Anticorrupción no se ha detenido. En innumerables ocasiones han tomado declaraciones de Jorge Barata para tratar de armar sus casos y llegar a la verdad. Allí están las investigaciones contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo involucrados directamente por el exejecutivo de la constructora. Lamentablemente, las investigaciones no avanzan con la celeridad necesaria, lo cual perjudica la búsqueda de justicia de los peruanos, pero también el derecho de los coprocesados. Junto a quienes fueron nombrados directamente por las empresas que incurrieron en el delito de colusión se encuentran algunos funcionarios que, si bien no fueron nombrados por ninguna de las partes, a criterio de la Fiscalía también son responsables.

Un ejemplo de ello se da en el proceso de colusión que se sigue contra Toledo, en el que la Fiscalía ha involucrado a algunos exfuncionarios de ProInversión, aun cuando el propio Barata declaró que los funcionarios denunciados no habían colaborado con Odebrecht. Si bien la Fiscalía puede plantear la acusación, lo correcto sería darle prioridad a la presunción de inocencia y acelerar los juicios, pues justicia que tarda no es justicia, y es necesario definir qué funcionarios fueron corruptos y cuáles simplemente cumplían su labor.

Todos los funcionarios que forman parte de las investigaciones de la Fiscalía han sido perjudicados laboralmente por las mismas, sus bienes preembargados y su reputación cuestionada, pero además del perjuicio personal este tipo de acciones tiene aciagas consecuencias sobre el proceso de toma de decisiones en el sector público y sobre el reclutamiento de futuros funcionarios. ¿Quién en su sano juicio querrá trabajar en el sector público si va a ser perseguido injustamente por sus decisiones varios años después?

El mensaje para los funcionarios públicos es claro: evite tomar decisiones. No decidir no acarrea mayores problemas. En contraposición, tomar una decisión, sea cual fuera, es peligroso, ya que en un futuro indeterminado podrán ser acusados penalmente y tachados injustamente de corruptos. Hoy sufrimos las consecuencias. Un trágico ejemplo es el de los funcionarios públicos que el año pasado evitaron a toda costa comprar las vacunas por el riesgo que esto implicaba.

Es imprescindible luchar contra la corrupción y castigar a los funcionarios que delinquen. Pero se debe tener mucho cuidado de no perjudicar a gente inocente en el proceso porque el efecto sobre la calidad y eficacia de nuestro sector público es claramente nefasto.