Manejo inadecuado

CONFLICTOS SOCIALES. En los últimos meses, no solo se incrementaron los conflictos sociales, sino que en el 62.4% de ellos se presentó al menos un acto de violencia según los informes que publica mensualmente la Defensoría del Pueblo. Si bien estos deben ser entendidos como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios, la ciudadanía, por lo general, conoce de ellos cuando escalan tanto que llegan a la violencia, como lamentablemente ocurrió en los últimos dos meses del 2020.

Justamente respecto a los bloqueos de carreteras que se generaron tanto por los reclamos de los trabajadores del sector agroexportador -en el sur y en el norte del país- como de algunos sectores mineros, la encuesta realizada por Datum para Gestión muestra que un 66% está a favor de que las personas que bloquean las carreteras para hacer sus reclamos sean investigadas y sancionadas por la Fiscalía y el Poder Judicial. Esto es una llamado de atención para los fiscales que nunca plantean una denuncia a pesar de contar con la normativa necesaria para hacerlo.

Sin embargo, estar en contra del bloqueo no implica que la ciudadanía considere que se debe actuar con mano dura para conseguir el desbloqueo. Por el contrario, para un 78% la Policía debe apelar al diálogo con los marchantes para restablecer el orden y desbloquear las carreteras, evitando el uso de la fuerza.

A criterio de la mayoría de los encuestados, la forma en que el Gobierno actuó para resolver el conflicto del sector agroexportador y los demás disturbios generados en los últimos meses fue inadecuada. Sin embargo, lo cierto es que una vez desatada la violencia será siempre difícil que un Gobierno actúe correctamente. Si la población condena a quienes cierran carreteras, pero le exige al Gobierno actuar sin el uso de la fuerza, lo que en el fondo le está diciendo es que no debería dejar que los conflictos sociales escalen hasta llegar a la violencia.

La respuesta está en el diálogo, el cual solo tiene opción de llegar a buen puerto si se activa mucho antes de la escalada de violencia, y si parte de una verdadera negociación que incluya a todas las partes y cuya solución no mire solo un lado. Actualmente, según la Defensoría, el 63.7% de los casos de conflictos activos está en diálogo. Una cifra muy baja que necesita un mayor trabajo por parte de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que, si bien casi el 60% de los conflictos dependen del Gobierno nacional, otro 37% depende de los gobiernos regionales y locales.

El próximo Gobierno no debe repetir los errores de sus antecesores. El camino es difícil, pero deberá hablar menos y hacer más, pues todas las últimas administraciones firman actas que luego no cumplen, lo cual exacerba los conflictos.