Los límites del poder

SUNEDU. Uno de los mayores problemas del país es la falta de institucionalidad, el respeto a la ley y el desconocimiento de los límites que aun los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben cumplir.

Cuando el Congreso aprobó la norma que modificaba varios artículos de la Ley 30220 (Ley Universitaria), la cual incluye la conformación del Directorio de la Sunedu, se interpuso una acción de amparo que fue declarada fundada por el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional. A pesar de existir un proceso en trámite, el Parlamento decidió actuar en rebeldía y hacer una votación en el pleno para aprobar por insistencia la norma. Ahora el Poder Judicial ha tenido que precisar que aun cuando dicha ley haya sido publicada no puede aplicarse.

Frente a esta decisión, diversos legisladores han brindado declaraciones contra el accionar del Poder Judicial hablando de “leguleyadas” o de que se les desconoce su “capacidad de legislar”. Más allá del caso concreto, en el que desde estas líneas ya se ha fijado posición para resguardar la forma en que la Sunedu viene trabajando, lo cierto es que el comportamiento de los legisladores es solo una pequeña muestra de que nuestras autoridades han olvidado los límites del poder que poseen.

Los legisladores no pueden considerar que por ser autónomos y tener el encargo de legislar están por encima del Poder Judicial —o en última instancia el Tribunal Constitucional decidan—. Si están en desacuerdo deben seguir las vías establecidas para oponerse a la sentencia y esperar hasta la respuesta de la última instancia. Su autonomía y capacidad tienen un límite y ellos deberían ser los primeros en cumplir las normas. Lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo, que en diversas oportunidades se manifiesta en contra o busca no cumplir con los procesos de la fiscalía (evitando comparecer o criticando a los fiscales) o del Poder Judicial o dicta normas sin seguir los procedimientos establecidos (como en el caso de las recientes modificaciones en materia de sindicalización y huelga). Desde ambos estamentos hay un intento por desconocer la institucionalidad que debe imperar en el Estado.

Si los máximos poderes del país quieren usar su posición para incumplir las normas o los fallos del Poder Judicial, con qué autoridad plantean exigir que otras instancias sí cumplan con las normativas o, peor aun, qué esperan que haga la población frente a dichos ejemplos. En un estado de derecho es indispensable que cada parte realice sus funciones sin exceder los límites establecidos.